Fernando Irala
Si el retorno del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya al ejercicio de su cargo luego de ausentarse casi cuatro meses, prendió todas las alarmas en la clase política nacional y en los medios de comunicación, al desistir de su pretensión al día siguiente generó mayores especulaciones y desató la imaginación de los observadores.
La incertidumbre no es sobre lo que ocurre en Sinaloa; lo que ahí se vive desde hace años es la tragedia de una entidad dominada por el imperio de los narcotraficantes, y ensangrentada cotidianamente por la lucha interminable de los cárteles que se disputan el control territorial, a grado tal que lo de menos es quien despacha en el Palacio de Gobierno estatal.
El tema de fondo no es ya quién manda en Sinaloa, sino quien tiene el poder real en el Estado mexicano.
La visible rebeldía de Rocha Moya no puede explicarse por una decisión personal, luego de ser protegido y arropado a lo largo de estos meses por el poder federal ante la pretensión norteamericana de juzgarlo por arreglos con grupos criminales.
Hay quienes observan en su frustrado regreso un intento de romper con la estrategia de colaboración con Estados Unidos, el cual habría sido concebido y ordenado desde Palenque, lo cual explica que la Presidenta, a su decir, sólo se enteró de la vuelta de Rocha Moya cuando ésta se difundió por redes sociales. Una muy conveniente gripe abrió el espacio para que el partido en el poder y los gobernadores de la 4T exhibieran que el despropósito no tenía respaldo de su movimiento, aunque al final fue necesario que la mandataria evidenciara su desacuerdo.
Con la segunda licencia al todavía formalmente gobernador, este capítulo del sainete ha concluido, pero en el contexto no hay nada resuelto, por el contrario, todo luce más enredado que nunca.
Estados Unidos no ha cancelado su petición de extradición de los indiciados, y mientras el proceso se desarrolla. Gerardo Mérida, el general que estuvo a cargo de la seguridad pública estatal y que se entregó en la frontera como uno de los coacusados, por lo pronto ha librado ya la cárcel norteamericana y está en vías de un arreglo como testigo protegido, de manera similar a Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Administración y Finanzas del estado. Además, ha caído Fausto Corrales, un protagonista de los hechos en que el Mayo Zambada fue aparentemente secuestrado y trasladado a Texas, y el exrector de la Universidad de Sinaloa, Melesio Cuen, fue asesinado. Esta aprehensión fue la que habría precipitado la efímera “decisión personal” de Rocha Moya de retornar al poder, aunque ahora ha vuelto a olvidar el deber de cumplir con su mandato.
Cuando el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, advirtió lo bueno que se iba a poner el show, todo el mundo pensó que se refería al futuro de Andy López Beltrán, pero la realidad ha tomado otro cauce. O tal vez no.
