BOGOTA, COLOMBIA.- El panorama político de Colombia ha dado un giro radical y frontal este lunes 6 de julio de 2026. En su primer acto oficial tras asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, el congresista Juan Carlos de la Espriella firmó la derogación del plan de «Paz Total», la política insignia que el presidente Gustavo Petro adoptó para guiar las negociaciones y procesos de desmovilización con diversos grupos armados en el país.
De acuerdo con el reporte difundido por la agencia EFE y CNN en Español, la medida del nuevo líder del órgano legislativo —vinculado a los sectores de la oposición conservadora— representa el golpe político más severo para la actual administración presidencial en lo que va del año. La decisión frena en seco el andamiaje jurídico que permitía los acercamientos, ceses al fuego bilaterales y diálogos con facciones guerrilleras y bandas criminales de alto impacto.
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1. El argumento legislativo: «Fracaso y falta de garantías»
Durante su discurso de toma de posesión y posterior rueda de prensa, De la Espriella justificó el desmantelamiento de la estrategia argumentando que los compromisos de paz no se tradujeron en una reducción real de la violencia en las regiones:
Inseguridad territorial: El legislador sostuvo que el marco de la «Paz Total» fue aprovechado por las organizaciones al margen de la ley para expandir sus operaciones territoriales, aumentar el confinamiento de comunidades y perpetuar el reclutamiento forzado, operando bajo un esquema de impunidad amparado por los decretos presidenciales.
Falta de consensos institucionales: El nuevo presidente de la Cámara apuntó que cualquier proceso de pacificación a futuro debe edificarse bajo estrictos estándares de justicia, reparación a las víctimas y, fundamentalmente, sin ceder la soberanía del Estado ni relajar el accionar de las Fuerzas Militares.
2. Implicaciones inmediatas y el choque de poderes
La derogación de los lineamientos del plan de paz abre un periodo de alta tensión institucional y sumerge a las mesas de diálogo vigentes en una total incertidumbre jurídica
Por consiguiente, la respuesta de la Casa de Nariño (sede presidencial) no se hará esperar. Sectores afines al gobierno de Gustavo Petro ya califican la maniobra de De la Espriella como un «freno deliberado al anhelo de reconciliación nacional» y un claro desafío al balance de poderes.
Los equipos jurídicos del Ejecutivo analizan mecanismos de objeción y decretos de emergencia para intentar blindar las conversaciones con las agrupaciones que se mantenían en tregua, mientras que las Fuerzas Armadas quedan a la expectativa de nuevas directrices operativas en los territorios más golpeados por el conflicto.
AM.MX/fm
