CIUDAD DE MÉXICO.— A 17 años de la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó a más de 100 heridos en Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó -por unanimidad- que los delitos cometidos en el caso de la Guardería ABC son imprescriptibles. Esta resolución significa que el paso del tiempo no impedirá que el Estado investigue y persiga penalmente a los presuntos responsables.
El fallo se dio al aprobar el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual concluyó que el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 —durante el sexenio de Felipe Calderón— y la omisión del Estado en el cuidado de los menores constituyeron “violaciones graves” a los derechos humanos y de la infancia. Con base en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Suprema Corte estableció que la prescripción es inadmisible para evitar condiciones de impunidad.
“Una de las peores tragedias infantiles ocurridas en el país en la época actual que ha quedado marcada en la memoria de toda la población mexicana. En aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad, la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos como el caso de la Guardería ABC”, consideró Ortiz Ahlf.
Durante la sesión, la cual inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que a 17 años de lo ocurrido, las madres y padres de las víctimas no han dejado de exigir justicia y que la verdad de lo ocurrido no se extinga y que nadie pueda ampararse para que el caso quede en la impunidad.
El pronunciamiento de la Suprema Corte derivó de la revisión del amparo interpuesto por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS (2006-2009). El exfuncionario, detenido en 2020 por los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión, pretendía cancelar su proceso penal argumentando que los delitos habían prescrito en septiembre de 2019.
⇒ Con esta resolución, el Máximo Tribunal declaró infundados los argumentos de Salazar Salazar y devolvió el expediente al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que emita una nueva sentencia alineada con este criterio formal.
Durante el debate, las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González aprovecharon la discusión para señalar que la tragedia fue consecuencia directa del “modelo neoliberal” de la época, argumentando que la privatización de las estancias infantiles significó una renuncia del Estado a su responsabilidad de garantizar la seguridad social y el cuidado de la niñez.
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AM.MX/dsc
