Por Pablo Cabañas Díaz.
El territorio es, en la tradición clásica del Estado moderno, la condición misma de su existencia. Desde Jean Bodin hasta Max Weber, la soberanía se definió como el monopolio legítimo de la fuerza sobre un espacio delimitado. Cuando ese monopolio se fractura, no se trata simplemente de un problema de seguridad pública: estamos ante una crisis de Estado. En México, el control territorial ejercido por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa constituye una herida abierta en la arquitectura institucional de la República.
No es una metáfora. Es una realidad geopolítica interna. En regiones como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas, el Estado comparte —o ha cedido— funciones esenciales a poderes de facto que imponen normas, castigos y tributos. Allí donde la Constitución debería ser el texto supremo, rige el código violento del cártel. Se trata de una soberanía paralela, sostenida no por la legitimidad democrática, sino por el miedo.
La llamada Tierra Caliente y el histórico Triángulo Dorado no son solo geografías accidentadas: son territorios donde el narco ha aprendido a administrar economías completas. No controlan únicamente las rutas del trasiego; regulan el transporte público, fijan precios, determinan quién puede vender alimentos, quién puede distribuir gas, quién puede abrir un negocio. El “cobro de piso” se ha convertido en un impuesto criminal que sustituye al sistema fiscal formal. La violencia no es un exceso: es el instrumento racional de disciplinamiento social.
Aquí se revela la dimensión estructural del fenómeno. El narcotráfico no es solo una economía ilícita; es un sistema de poder que infiltra instituciones, coopta autoridades municipales y condiciona procesos electorales. Cuando un grupo criminal decide quién puede ser candidato o impone horarios de tránsito, estamos ante la sustitución fáctica del Estado. Es la negación misma de la soberanía.
Los puertos estratégicos —Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán y Veracruz— constituyen nodos logísticos donde convergen las cadenas globales del comercio legal e ilegal. En ellos se juega una batalla silenciosa por el control de contenedores, precursores químicos y rutas marítimas. Lo mismo ocurre en los corredores fronterizos de Sonora y Chihuahua, donde el flujo de armas y drogas sintéticas como el fentanilo revela la interdependencia criminal entre México y Estados Unidos. La propia Drug Enforcement Administration ha documentado la expansión de estas redes, subrayando que el problema rebasa las fronteras nacionales.
Frente a esta realidad, el Estado ha respondido con un incremento notable de su fuerza operativa. Más de doscientos cuarenta mil elementos desplegados en 2025 podrían sugerir una presencia robusta. Sin embargo, la estadística desnuda la paradoja: más uniformes no han significado más control territorial. La eficacia en detenciones disminuye y las organizaciones se fragmentan, se reconfiguran y resurgen. La estrategia basada exclusivamente en la coerción militar o policial ha mostrado sus límites.
¿Por qué? Porque la violencia criminal se alimenta de la desigualdad estructural y del abandono histórico de amplias regiones. Allí donde el Estado no construyó escuelas, hospitales ni empleos formales, el narco ofreció ingresos rápidos y un sentido de pertenencia. No es legitimidad moral; es pragmatismo social en contextos de exclusión. El crimen organizado llena vacíos. Y cuando el vacío es estructural, el poder criminal se vuelve sistémico.
La lección histórica es severa. Ningún Estado puede sostener su soberanía si no garantiza desarrollo, justicia y presencia institucional permanente. La gobernabilidad no se impone solo con fusiles; se construye con instituciones eficaces y políticas públicas integrales. Reducir el fenómeno a una guerra entre “buenos y malos” es una simplificación que impide comprender su profundidad.
El territorio mexicano se ha convertido en un campo de disputa donde convergen economía global, corrupción local y fragilidad institucional. La violencia no es caótica; es funcional a un modelo de dominación que combina control económico, intimidación social e infiltración política. Esa es la verdadera dimensión del desafío.
México enfrenta, pues, una encrucijada histórica. O reconstruye la soberanía desde sus cimientos —con Estado social, justicia efectiva y combate frontal a la corrupción— o continuará administrando una crisis que erosiona su legitimidad. La soberanía no es una palabra retórica en los discursos oficiales: es la capacidad real de decidir sobre el territorio y proteger a la población. Allí donde el narco impone su ley, la República retrocede.
La pregunta no es si existe control territorial criminal. La pregunta es si el Estado mexicano será capaz de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y, con él, la dignidad política de su territorio. Esa es la batalla central del siglo XXI mexicano.
