Fernando Irala
Un mes después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, con un saldo de catorce muertos y más de un centenar de lesionados, las conclusiones de la Fiscalía General de la República responsabilizan al maquinista y a un despachador del ferrocarril, con un argumento inverosímil: que el convoy se salió de las vías por un exceso de velocidad de quince kilómetros más que el tope establecido en el punto.
Pero las evidencias presentadas por los expertos, antes y después del accidente, cuentan otra historia.
Especialistas de la Universidad Iberoamericana señalan que el descarrilamiento era un hecho previsible, provocado por fallas técnicas, deficiente planeación y decisiones tomadas sin los estudios necesarios, para cumplir con la urgencia política de ponerlo en funcionamiento con premura, por encima de los criterios de seguridad ferroviaria.
Presentado como una nueva obra, cuyo costo final fue de sesenta mil millones de pesos, tres veces el presupuesto inicial, ahora nos hemos enterado que en realidad el equipo rodante, locomotoras y vagones, son equipo usado, con antigüedades de treinta y cuarenta años, remozado y pintado para “dar el gatazo”. y que el trazo original es el de la ruta construida el siglo pasado, supuestamente modernizado y rehabilitado. Lo ocurrido demuestra que no hubo tal.
Auditorías oficiales habían identificado desde 2019 el tramo del siniestro como una zona de alta complejidad técnica, con pendientes pronunciadas, curvas muy cerradas y una alineación alterada por las condiciones del terreno.
Ahora también sabemos que se combinaron durmientes viejos con otros nuevos, y está bajo sospecha la calidad del balasto empleado.
También ha resultado que el personal a cargo de la corrida tenía licencias vencidas y les faltaban certificados médicos recientes, lo cual puede tomarse como una responsabilidad de los empleados, pero es sobre todo una grave negligencia de la empresa.
Junto con el maquinista se ha iniciado acción penal contra quien se señala como jefe del despacho, que según las evidencias ese día no formaba parte de la tripulación a cargo.
En resumen, el descarrilamiento del tren interoceánico era cuestión de tiempo, como producto de la irresponsabilidad, corrupción y apresuramiento con el que fue puesto en marcha. Su ocurrencia constituye un crimen de Estado, aunque siguiendo una vieja costumbre, lo más sencillo es echarle la culpa y proceder contra el maquinista.
Así se echa tierra a otras responsabilidades, que en este caso como en otras obras emblemáticas del anterior sexenio, llegan hasta los más altos protagonistas del poder en México.
