Por Pablo Cabañas Díaz
Gobernar es, por definición, responder con apertura a las demandas de la sociedad y con respeto irrestricto al Estado de derecho. Sin embargo, en la Ciudad de México de 2026, la destrucción del legado filantrópico plasmado en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa no fue un acto de protección animal, sino un despojo revestido de autoridad. La madrugada del 7 de enero de 2026, las fuerzas del gobierno de Clara Brugada ejecutaron un operativo que aseguró 936 perros y gatos en nombre del “rescate” ante supuestas condiciones de maltrato y hacinamiento documentadas por la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Las cifras oficiales hablan de 798 animales con signos compatibles con crueldad, hospitalizaciones urgentes y, según reportes, al menos 21 muertes posteriores al operativo. Pero detrás de estos números —que podrían ser preocupantes en cualquier contexto de abandono animal— están falta de transparencia, violaciones procesales y una urgencia política que no se explica por el bienestar de los seres vivos.
Porque el caso no puede leerse sin considerar lo fundamental: el terreno en disputa forma parte de un legado que tenía prohibida la venta o enajenación fuera de la protección animal. Ese testamento público fue firmado por Antonio Haghenbeck de la Lama, un filántropo cuya voluntad era clara: que el predio sirviera exclusivamente para resguardar animales. Y, sin embargo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo figuras como Carmela Rivero, procedió en 2020 a vender partes estratégicas del terreno en Cuajimalpa en apenas 650 mil pesos al Fideicomiso 303 del Banco Ve por Más, lo que implica un valor de **aproximadamente cuatro pesos por metro cuadrado en una zona cuya plusvalía, de acuerdo con anuncios inmobiliarios locales, supera los 3,500–4,000 dólares por metro cuadrado.
Esa diferencia no es un detalle: es una prueba documental del valor real del suelo y de los incentivos que operan detrás del desalojo. Mientras el gobierno habla de proteger animales, el precio del predio habla de intereses inmobiliarios disfrazados de salvación. La contradicción es insostenible y no admite la tibieza de los eufemismos.
En diciembre de 2025, un tribunal colegiado concedió una suspensión provisional de amparo que ordenaba al Estado devolver el predio al Refugio Franciscano, incluso con la condición de pagar una garantía de apenas 30 mil pesos por daños y perjuicios. Pese a eso, las autoridades no detuvieron el desalojo; incluso lo ejecutaron en un clima de tensión social y con despliegue de seguridad pública, sin agotar los recursos legales que estaban en curso. Ese acto de fuerza, frente a una medida judicial vigente, es una invalidez legislativa maquillada de acción estatal.
No menos grave es lo que ocurrió después: activistas y trabajadores documentaron que más de 300 perros desaparecieron tras el desalojo y exigieron a la Fundación aclarar su paradero y estado de salud. Cuando los propios colectivos que trabajaban en el refugio desde hace décadas expresan que las condiciones en el espacio no eran producto de maltrato organizado sino de la acumulación natural de rescates y falta de apoyo institucional, la narrativa oficial se derrumba.
Este no es un conflicto menor, ni un choque entre buenos y malos. Es la encarnación de una política pública que confunde aparato coercitivo con justicia social y que —en lugar de construir transparencia— opta por la opacidad legal y la instrumentalización de causas nobles. Cuando Brugada declara que su prioridad es “garantizar el bienestar animal”, los datos muestran un patrón contrario: el uso de la protección animal como pretexto para intervenir un activo cuyo valor real es urbano y financiero, no ético.
Santa Fe y Cuajimalpa no son zonas olvidadas de la ciudad; son algunos de los corredores inmobiliarios más codiciados de la metrópoli, donde cada metro cuadrado se cotiza en miles de dólares y donde los intereses privados gestionan agendas públicas casi sin mediación ciudadana. Que la administración capitalina no haya hecho públicos inventarios transparentes, bitácoras detalladas de destino de los animales, ni medidas verificables de rehabilitación —y que, en cambio, haya priorizado un traslado masivo sin contrapartida pública sólida— no es una mera falta administrativa: es una muestra de incapacidad política o, peor aún, de complicidad con quienes ven en estos predios más un activo que un bien común.
Se requiere de procedimientos claros, rendición de cuentas y respeto pleno al debido proceso. Lo que hemos visto es lo opuesto: ejecución primero, explicación después y, en muchos casos, nunca. En ese vacío, el poder de Clara Brugada queda expuesto: no como guardiana de vidas vulnerables, sino como ejecutora de una política urbana que privilegia intereses inmobiliarios bajo una retórica de compasión interesada.
