Por Pablo Pablo Cabañas Díaz
En 2025 otro hecho delictivo que tuvo un impacto muy importante tuvo lugar en los márgenes sombríos de Pachuca, Hidalgo, donde la Sierra Madre Oriental se erige como un centinela indiferente, la colonia La Loma se aferra a la existencia en medio de una pobreza aplastante y sueños olvidados. Es un lugar donde casas de bloques de cemento se apiñan contra el viento, y los indicadores sociales —desempleo, analfabetismo, violencia— pintan un retrato de negligencia sistémica. Aquí, en julio de 2025, dos hombres encargados de defender la justicia entraron en un antro de oscuridad y nunca salieron con vida.
Paulino Castañeda Aguilar, de cincuenta y tres años, y Vicente Monrroy Ballesteros, de sesenta y tres, eran investigadores experimentados del Centro de Justicia para Mujeres del estado. Su misión esa tarde fatídica del 5 de julio era rutinaria pero peligrosa: notificar una orden de protección en favor de una joven víctima de violencia familiar. El destinatario era Víctor C. A., conocido como “El Padrino”, una figura cuya aura mezclaba lo mundano con lo macabro. Precursor de la secta “Angelito Negro 666”, un culto luciferino que había echado raíces en el submundo de Pachuca, operaba desde un edificio de dos pisos en La Loma. De día, se disfrazaba como una tienda de figuras esotéricas —talismanes, cristales, íconos del ocultismo—. De noche, se transformaba en una catedral de ritos sombríos, donde devotos murmuraban invocaciones a un “Angelito Negro”, fusionando el catolicismo popular con un toque satánico.
Lo que siguió se lee como un cuento grimoso de la larga historia mexicana de creencias sincréticas descarriadas. Al llegar, los agentes fueron capturados por miembros de la secta. Durante quince horas angustiosas, sufrieron torturas: costillas fracturadas por golpes implacables, funciones neuronales devastadas, rostros y cuerpos grabados con marcas rituales —símbolos de tormento, quizás invocaciones en sí mismas—. La orden de protección, ese frágil pedazo de papel legal, fue hallada rota en una redada judicial posterior. Los rescatistas llegaron al día siguiente, demasiado tarde para salvar vidas pero a tiempo para presenciar las secuelas. Castañeda y Monrroy fallecieron en hospitales locales, sus muertes un duro reproche a la respuesta demorada en una región donde la aplicación de la ley avanza con cautela ante poderes arraigados.
La redada en la “Casa del Diablo”, como susurraban los locales, desenterró un tesoro de horrores: armas de fuego, paquetes sospechosos de contener narcóticos, el vehículo robado de los agentes y, escalofriantemente, una cabra negra —destinada, al parecer, a ritos sacrificiales—. El Padrino, ya buscado por un homicidio previo, encarnaba el atractivo de la secta en espacios marginados. En La Loma, donde las oportunidades escasean, tales cultos ofrecen comunidad, protección, incluso un empoderamiento perverso. “No es solo adoración al diablo”, le dijo un residente anónimo a reporteros. “Es una forma de sentir control cuando el mundo te ha olvidado”.
Sin embargo, esta tragedia expone fisuras más profundas. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, bajo escrutinio, apunta a tensiones presupuestarias para combatir amenazas híbridas —donde la violencia doméstica se cruza con el ocultismo organizado y el crimen—. Las viudas de los agentes, en entrevistas discretas, hablaron de maridos que creían en la redención, incluso para los condenados. En una nación que lidia con el feminicidio y la impunidad, su historia es una elegía cautelar: cómo la búsqueda de justicia puede llevar directamente al abismo.
Mientras Pachuca se reconstruye, el Angelito Negro persiste en susurros, un recordatorio de que en lugares como La Loma, el diablo no es abstracto: es un vecino, un tendero, un padrino con sangre en las manos.
