Por Pablo Cabañas Díaz
Entre los hechos criminales más relevantes y perturbadores de 2025 en México, el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ocupa un lugar central por la magnitud de los hallazgos, la crudeza de los testimonios y el espejo que ofrece sobre la normalización del horror en amplias regiones del país. No se trata únicamente de un predio asegurado ni de una investigación en curso: el rancho se ha convertido en un símbolo de la violencia sistemática, prolongada y organizada que ha acompañado la expansión del crimen organizado durante más de una década.
En marzo de 2025, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ingresaron al Rancho Izaguirre y documentaron la presencia de fragmentos óseos, restos calcinados, ropa, calzado y objetos personales. La Fiscalía del Estado de Jalisco recolectó al menos 493 indicios iniciales: vestidos, playeras escolares, blusas, mochilas y bolsos que remitían de forma directa a vidas concretas, a trayectorias interrumpidas. Aunque las autoridades insistieron en que estos hallazgos no confirmaban identidades ni condiciones actuales de posibles víctimas, el volumen y la diversidad de los objetos apuntaban a una realidad difícil de negar: el rancho había sido un espacio de confinamiento masivo.
La atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República, sin avances públicos sustantivos al cierre del año, reforzó la percepción de opacidad institucional. Mientras tanto, el sitio permanece asegurado y bajo custodia federal, y los colectivos de búsqueda han señalado reiteradamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como presunto responsable de las operaciones criminales desarrolladas en el lugar. La distancia entre el dolor social y la respuesta del Estado se volvió, una vez más, evidente.
El libro Testigos del horror. La verdad que quiso ocultar el rancho Izaguirre (Grijalbo, 2025), de la periodista Sandra Romandía, aportó un giro decisivo al debate público. A partir de testimonios directos, la obra sostiene que el rancho funcionó durante más de diez años como un centro de adiestramiento y exterminio. Las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas de trabajo en internet, despojadas de sus teléfonos y forzadas a grabar videos de adhesión “voluntaria” al cártel. El entrenamiento incluía tortura sistemática y la obligación de participar en actos extremos: descuartizar, incinerar cuerpos y, en algunos relatos, prácticas de canibalismo como forma de sometimiento psicológico.
El caso del Rancho Izaguirre no es un episodio aislado, sino una síntesis brutal de la crisis de desapariciones, impunidad y control territorial que atraviesa México. Su relevancia en 2025 radica en haber hecho visible, una vez más, lo que durante años se intentó ocultar: que el horror no es excepcional, sino estructural.
