CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, señaló que no se puede permitir que se imponga la ley del más fuerte a nivel global, en referencia a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
“No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y el que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”, manifestó sin hacer referencia directa a Venezuela o Estados Unidos.
“Frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional, quiero expresar la convicción de todos los ministros en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias y para construir una sociedad más justa y digna”, dijo.
Aseveró que “desde el concierto de las naciones debemos tener fe en el marco jurídico del que nos hemos dotado, quiero convocar a todos para que ese sea el instrumento para construir una sociedad de paz, de bienestar”.
Durante la sesión y sin mencionarlo de forma directa, la ministra Lenia Batres tocó el tema de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. “Hago votos también porque las instituciones mexicanas cerremos filas en favor del respeto del orden jurídico que la comunidad internacional se ha dado para garantizar el derecho a la soberanía y libre determinación de los pueblos”, dijo.
Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. “La intervención militar nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad, solo los pueblos pueden decidir sobre su destino, ejercer su soberanía y definir su forma de gobierno”.
Al participar en la inauguración de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026 (REC), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, resaltó que el centro de la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, implica un cambio en la forma de mirar la función política y jurídica que tiene el Máximo Tribunal del país en la sociedad, por lo que “no puede seguir siendo obstáculo a los cambios sociales, obstáculo a las aspiraciones de libertad, de desarrollo y de bienestar del pueblo de México”.
Enfatizó que la integración de la SCJN está compuesta por personas “que provenimos de sectores sociales tradicionalmente excluidos, de sectores sociales que han planteado un cambio de rumbo en el país”.
Compartió que hasta hace poco, “yo era un abogado postulante, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, promotor de innumerables reformas legales, constitucionales, institucionales y de política pública y, como todo abogado, soñamos por contribuir al cambio, a la transformación de nuestro país desde lo más profundo”.
Por otra parte, ante el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo; de Pedro Vázquez González, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, así como de embajadores y embajadoras, cónsules, y del cuerpo diplomático acreditado en el país, Aguilar Ortiz afirmó que “debemos estar atentos a que esta sensibilidad social sea permanente, sea continua.
Dicho en términos jurídicos, el Poder Judicial en México, con la elección, con la reforma judicial, ha adquirido legitimidad y, como ocurre con los otros Poderes, puede ser legitimidad de un solo tiempo o puede ser una legitimidad permanente, constante”.
El Ministro Presidente agregó: “soy un defensor de la autonomía. He impulsado la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas por tres décadas; me he dedicado a reflexionar los alcances y las limitaciones que la autonomía debe tener para garantizar paz y bienestar en el país”.
Aseguró que, desde esa convicción, “no permitiré que la Corte sea vulnerada en su autonomía y en su independencia. La autonomía y la independencia es una base fundamental para lograr la verdad, la objetividad, la justicia y la paz”.
Además, habló del conjunto de medidas que se habrán de tomar, con un enfoque social, para garantizar que todos reciban una solución y un trato digno de la SCJN.
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