Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Con una caída de tres posiciones, respecto
al año anterior, México ocupa ahora el lugar 121
de 143 países evaluados, con una calificación
global de 0.40 puntos, la más baja en siete años.
Pues resulta que, al país más democrático del mundo, México, según los dichos de Palacio Nacional, no le va muy bien con el tema de respeto al Estado de Derecho. El Proyecto Mundial de Justicia, WJP, por sus siglas en inglés, recién publicó el Índice del Estado de Derecho 2025, en el que, nuestro país sale reprobado en la evaluación de varios de los distintas materias que conforman el estudio.
El WJP es una organización internacional, independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en el mundo, según se lee en su página oficial. Su objetivo es buscar soluciones locales a través del enfoque que incluyen investigación, recolección y análisis de datos y el establecimiento de una red activa y global de conocimiento. Desde 2008 publica el Índice del Estado de Derecho a nivel global que mide la adhesión al Estado de Derecho en 143 países. México se incorporó a la medición en 2009.
Un Estado de Derecho eficaz, en el concepto del WJP, es la base para garantizar la paz, justicia e igualdad de oportunidades para los ciudadanos; reducir la corrupción, mitigar la pobreza, promover la salud y conformar la base para el desarrollo económico sostenible. Contribuye a una gobernanza responsable y el respeto de los derechos civiles, afirma el Proyecto.
La información que aplica esta organización, proviene de la opinión de miles de personas entrevistadas, entre las que se incluyen a abogados y especialistas en diversas ramas del derecho e información de instituciones. Es, pues, un análisis, desde la perspectiva ciudadana, sobre el respeto al estado de derecho, según lo explican ellos. Esta medición se hace a nivel nacional y estatal.
El Índice lo conforman ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
A partir del inicio del gobierno de la 4T, el entonces presidente AMLO, buscó la manera de transformar al país, eliminando instituciones, sin el menor análisis, y, sobre todo, modificando el orden jurídico, de manera autoritaria, aprovechando la mayoría parlamentaria que le regaló el INE a Morena. Sin diálogo, discusiones, debates, consultas ni el mínimo estudio, se impuso un lastimoso Plan C, que incluía, entre otras, la reforma judicial, que desapareció al Poder Judicial existente, acabó con su independencia y autonomía y borró la división de poderes; una reforma administrativa que eliminó a la mayoría de los órganos autónomos, y una reforma electoral, todavía pendiente, con la que Morena busca continuar con los ajustes para asegurar su permanencia en poder.
Reformas a modo de la 4T, para acabar con la corrupción como su principal argumento, con resultados negativos, de acuerdo con los datos del Índice de Estado de Derecho 2025 publicado por WJP.
Con una caída de tres posiciones, respecto al año anterior, México ocupa ahora el lugar 121 de 143 países evaluados, con una calificación global de 0.40 puntos, la más baja en siete años. A nivel regional, América Latina y el Caribe, ocupamos el puesto 28 de 32 países. La causa, el debilitamiento institucional, la falta de independencia judicial y la persistencia de la impunidad y la violencia, acusa la investigación Ninguna sorpresa.
Los resultados, en el caso de los factores que integran el Índice, podrían ser una muestra de los estragos de la Cuarta Transformación.
En Justicia Penal, en donde la medición más alta es 1, la calificación es de 0.25, que nos ubica en el lugar 135 de 143 posiciones. La causa, deficiencias en la investigación, juicios y castigos. En Corrupción, con 0.27, estamos a 9 posiciones del último lugar, 134 de 143. En Orden y Seguridad, ocupamos el lugar 132 de 143, con 0.50 puntos, y, en Justicia Civil, con 0.35 puntos, estamos en el 134 de 143, reflejo de problemas de acceso y efectividad para resolver conflictos (WJP). En todos estos casos, México no alcanza una puntuación aprobatoria. La tendencia es de retroceso continuo desde 2018, cuando México se ubicaba en el lugar 93.
Para mejorar el posicionamiento de nuestro país, el WJP formula, como recomendaciones, fortalecer los contrapesos institucionales, garantizar los derechos fundamentales y mejorar el acceso a la justicia. Pero ya sabemos que, para la 4T, los análisis globales son como inexistentes, pues ellos tienen otros datos y no aceptan opiniones externas y menos de organismos independientes.
