CIUDAD DE MÉXICO.- Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobaron por unanimidad el dictamen referente a las iniciativas de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia de prevención del delito de despojo.
El documento aprobado detalla que con la reforma al artículo 237 del Código Penal, se consideran penas de 6 a 11 años de prisión y 200 UMA a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral, el engaño, la simulación de actos jurídicos, la suplantación de la identidad o furtivamente ocupe un inmueble ajeno.
Con la reforma al artículo 238 la pena aumenta de 7 a 11 años cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o cuando participe un servidor público en ejercicio de sus funciones.
En sesión virtual, el diputado Alberto Martínez Urincho explicó que en algunas regiones del país este delito se comete de forma sistemática por redes delictivas organizadas, muchas veces coludidas con autoridades, notarios o servidores públicos, quienes utilizan la violencia, documentos falsos o vacíos legales para apropiarse de los inmuebles.
Por lo anterior, aseguró que fortalecer el marco penal en torno al despojo aporta certeza jurídica al mercado de bienes raíces, ya que la posibilidad de ser víctima de un despojo desincentiva la inversión, afecta el crecimiento urbano ordenado y limita el desarrollo económico.
Al hacer uso de la voz, el diputado panista Diego Garrido se congratuló por incluir la propuesta de su fracción parlamentaria para atacar por las vías penal, civil y notarial, un delito que ha causado que 29 mil familias se encuentren en una situación de despojo.
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