Por Pablo Cabañas Díaz
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso la mañana del 4 de noviembre mientras caminaba por la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un hombre identificado como Uriel Rivera Martínez se acercó por la espalda, la tocó sin su consentimiento e intentó besarla, frente a decenas de personas que transitaban por la zona.
El incidente quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, provocando indignación pública. Las imágenes muestran que el agresor logró aproximarse a la mandataria sin obstáculos visibles, en un momento en el que sus escoltas estaban ausentes o, cuando menos, no actuaron de forma preventiva. A pesar de que finalmente intervino personal de seguridad, la reacción fue tardía, lo que permitió que el hombre la tocara antes de ser separado.
La presidenta Sheinbaum caminaba desde Palacio Nacional hacia la sede de la SEP, como parte de su agenda oficial. El trayecto, sin embargo, se realizó sin un cerco de protección adecuado, a pesar de que se trata de una de las zonas con mayor afluencia en el Centro Histórico. El evento genera cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad que acompañan a la titular del Poder Ejecutivo.
Horas más tarde, el agresor fue detenido y puesto bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. De acuerdo con la información inicial, Rivera Martínez mide alrededor de 1.60 metros, tiene tez morena y cabello negro; presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las autoridades investigan si padece problemas de salud mental o si ha cometido agresiones similares en la zona, lo que podría agravar su situación jurídica.
El Código Penal de la Ciudad de México tipifica el contacto físico no consentido como delito de acoso sexual, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. Diversas organizaciones feministas, colectivos ciudadanos y legisladores condenaron lo ocurrido y exigieron sanciones ejemplares, señalando que el caso refleja la persistente normalización de la violencia machista en el espacio público.
El incidente reavivó además el debate sobre la decisión presidencial —heredada de Andrés Manuel López Obrador— de prescindir del Estado Mayor Presidencial. Si bien se ha insistido en mantener una cercanía con la población, especialistas advierten que este modelo deja vulnerabilidades que pueden comprometer la integridad de la propia jefa del Estado.
Lo sucedido nunca debió ocurrir. La ausencia o inacción de los escoltas durante el hostigamiento pone en evidencia un fallo grave en la estrategia de protección presidencial, y abre una discusión urgente sobre los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar no sólo la seguridad de la mandataria, sino también el respeto a la investidura presidencial.
