MONTERREY.— Durante los últimos días, en múltiples chats vecinales y redes sociales de Monterrey, se ha distribuido un video acompañado de mensajes que acusan a un ciudadano de violencia.
No obstante, información interna del Ayuntamiento revela que la difusión habría sido orquestada desde áreas municipales, lo que podría constituir un uso indebido de recursos públicos con fines personales y políticos.
⇒ El funcionario señalado de esta campaña digital es el priista Fernando Sierra Ortiz, director General de Gobierno Digital, adscrito a la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto de Monterrey.
De acuerdo con los datos disponibles, Sierra Ortiz habría empleado infraestructura institucional para diseñar y ejecutar una estrategia digital de ataque contra un ciudadano, utilizando tanto medios tradicionales como plataformas sociales.
Entre los medios que replicaron el contenido se encuentra El Norte, cuyas notas y publicaciones fueron impulsadas en chats vecinales por personas relacionadas familiarmente con el propio funcionario.
⇒ Fuentes cercanas confirmaron la existencia de evidencia documental y digital que muestra participación coordinada de familiares en la difusión del material.
Violación al marco jurídico
Expertos en derecho y protección de datos personales alertaron que el contenido difundido vulnera normas vigentes en materia de derechos de la niñez y privacidad, debido a que involucra a un menor de edad y un proceso judicial en curso.
Las disposiciones aplicables incluyen:
• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León
Artículos 6, 89 y 90 garantizan el interés superior de la niñez, prohíben su exposición pública y protegen su vida privada.
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Artículos 7 y 8 exigen interpretar la ley siempre a favor de la protección de menores.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
Artículo 11 clasifica como reservada la información que afecte derechos de terceros o procesos judiciales.
• Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículos 15 y 218 establecen la obligación de resguardar identidad y datos personales de víctimas o menores.
Por lo anterior, la publicación del material audiovisual podría considerarse difusión contraria a derecho y violación directa al marco jurídico estatal y federal.
Estrategia digital y recursos municipales
Fuentes del municipio sostienen que la operación incluyó cuentas falsas, automatización de mensajes y publicaciones patrocinadas, financiadas con recursos del área de Gobierno Digital.
Estas acciones representarían un uso irregular de presupuesto público y una violación al principio de neutralidad institucional previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Llamados a la rendición de cuentas
Ante los hechos, la Red AMLO en Nuevo León y diversos colectivos ciudadanos iniciaron una revisión independiente para determinar si se desviaron fondos municipales con fines partidistas.
“No se puede permitir que en Monterrey se repitan las viejas prácticas del PRI: utilizar el poder público para atacar a ciudadanos”, expresaron los integrantes de la red.
Los grupos exhortaron al gobierno local a ofrecer transparencia y sancionar cualquier abuso de autoridad.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Monterrey no ha emitido una respuesta oficial respecto a los señalamientos.
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