Banalidades en la protección civil
Por José Luis Camacho López
En plena inauguración del 53 Cervantino en la ciudad de Guanajuato con el “Fandango Monumental: Fiesta de son y raíz””, Gilberto Gutiérrez Silva, el líder del Grupo Mono Blanco dedicado al son jarocho, la noche del pasado viernes 10 de octubre, hizo una pausa para advertir que los pueblos veracruzanos sufrían por las lluvias.
La apertura del Cervantino en la plaza de la Alhóndiga de Granaditas en el centro de esa ciudad capital,fue todo un evento dedicado a la música de Veracruz. Centenares de espectadores acomodados en esa plaza al aire libre no sabían que en esos momentos que en diversas zonas del país, en Veracruz y de otros estados desaparecían niños, mujeres, jóvenes y personas mayores; familias perdían sus patrimonios por las intempestivas aguas.
La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza; la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko; y la secretaria de Cultura de Veracruz, María Xóchitl Molina, escucharon la voz de Gutiérrez Silva al referirse a la tragedia que ya en esos momentos sufrían los residentes de Poza Rica, Álamo y otros municipios del norte de Veracruz.
Ese viernes por distintas redes empezaron a difundirse imágenes sobre los alcances de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones en la ciudad de Poza Rica, sus aguas invadieron calles, avenidas viviendas, negocios, comercios y causaron un desastre que en el lodazal simboliza los incalculables costos humanos y monetarios en una población de más de 200 mil habitantes de Veracruz.
Como en otros sexenios, desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta las autoridades estatales y municipales vuelven a esgrimir el argumento el argumento de una fuerza de la naturaleza incalculable de los fenómenos meteorológicos para justificar las inutilidades de las prevenciones de las políticas de protección civil.
En España, en octubre de 2024, un fenómeno similar de torrenciales lluvias causó unos 95 muertos en la comunidad de Valencia. Las alarmas no llegaron a tiempo, el agua de los barrancos se desbordó, las calles se inundaron, los autos fueron arrastrados por las aguas, la gente caminaba sobre el agua que alcanzaba sus cabezas. El gobierno de Valencia envió a la población en riesgo los mensajes ‘Es-Alert’ a los celulares ocho horas después de iniciadas las inundaciones.
En Valencia como ocurre ahora en México la pregunta que persiste, por encima de cualquier diferencia ideológica o política, es saber científicamente si este tipo de tragedias pudieron haberse evitado con mensajes tempranos de alerta máxima, sobre todo para evitar muertes.
La presidenta Sheinbaum, aunque desde que ingresó a la carrera política y el servicio público dejó de hacer ciencia, por su educación universitaria sus deliberaciones deben estar fundadas y motivadas por su formación de científica.
Estas dolorosas tragedias la pusieron a prueba en sus visitas a las zonas de los desastres donde la población le clama la mayor atención. Ha comprobado in situ, como es parte de su obligación de Jefa de Estado y de Gobierno, los desastres de este tipo de fenómenos que dejan a la población afectada en la más completa intemperie.
Las informaciones periodísticas sobre la enorme tragedia avizoraban las desdichas desde un día antes. A pesar de las informaciones escuetas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias amenazaban poblaciones de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Poza Rica, un municipio petrolero, ya aparecía como uno de los epicentros de una inminente emergencia.
Si las advertencias hechas horas antes de la tragedia por el SMN y las autoridades federales, estatales y municipales las omitieron por diversas circunstancias, es una situación que aún no tiene respuesta más allá de las justificaciones de un fenómeno de la capacidad destructiva impredecible que tuvo en poblaciones en extremo vulnerables, tanto de las zonas urbanas como en áreas rurales.
Fabián Vázquez, coordinador del SMN, había informado de que la mayor parte del país sería afectado por la tormentas Raymond, en el Pacífico; y Priscila en el Golfo de México. Ambos fenómenos ocasionarían lluvias con acumulados de 250 a 350 milímetros en el norte de Veracruz, Guerrero y la costa de Michoacán y en otros estados del norte y sur del país, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche, con menores milímetros de lluvias.
Hidalgo estaba fuera de esos pronósticos difundidos por el director del SMN. Solamente las secretarías de Defensa y Marina estaban en previsión. No dormían sus funcionarios. Disponían del Plan DN-IIIE y el Plan Marina en ocho estados de la República que entrarían en acción de la población previsiblemente afectada por las tormentas Raymond y Priscilia en los perímetros del Pacífico y del Golfo de México.
La encargada de Protección Civil veracruzana, Guadalupe Osorno Maldonado, había informado solamente del crecimiento “considerable de cuerpos de agua” en el municipio de Álamo. Dispuso crear varios refugios para “más de un centenar de lugareños que requirieron resguardo”, según su información. Refugios además en otras zonas: Cerro Azul, Gutiérrez Zamora, Naranjos, San Rafael y Quebradora y Granjas del municipio de Poza Rica. Ya se habían desbordado los ríos Bobos, Tecolutla, pero nada se decía del río Cazones. Las aguas habían alcanzado un metro de altura en áreas urbanas de Poza Rica.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, conocida por su carácter déspota, había minimizado el fenómeno que causó graves estragos en Poza Rica. Para ella el viernes de la catástrofe, el río Cazones se había desbordado “ligeramente” aunque dijo que su gobierno observaba la evolución del fenómeno. La presidenta salió a defenderla de sus las banalidades a pesar de que la crisis meteorológica alcanzaba ya rasgos de tragedia nacional.
Desde el viernes 10 de octubre, aseguró la presidenta el domingo 12 de octubre, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.
En su primer recorrido por las zonas afectadas de Veracruz, Puebla e Hidalgo ofreció a las desesperadas víctimas un censo para garantizarles el apoyo en recursos económicos que dispone su gobierno de 19 mil millones de pesos en sustitución del Fondo Nacional de Ayuda en Desastres (FONDEN) desaparecido por atribuirse venalidades con el uso de sus recursos.
Ante las expresiones del prianismo que defendía la existencia de este organismo desaparecido en el sexenio de López Obrador, la presidenta acusó a este organismo de “burocrático, tardado y corrupto” y prometió, ante la desesperación y preocupación de la población damnificada, usar todos los recursos del Estado mexicano y “no dejar a nadie en el desamparo” por las tragedias que originaron las lluvias en esos municipios.
De principio la población de esos estados le reclama agua, alimentos, atención sanitaria, limpieza de viviendas, de vialidades en las zonas urbanas y acceso a las poblaciones rurales, pero sobre todo evitar epidemias.
La presidenta confía en la realización de ese censo por parte de los llamados “servidores de la nación” para conocer las situaciones de cada persona y sus familias. Al 15 de octubre se habían apenas censado a marchas forzadas 26 mil 311 viviendas en 58 municipios: 17 mil 120 en Veracruz; 4 mil 796 en Puebla; 2 mil 493 en San Luis Potosí; mil 221 en Hidalgo; y 681 en Querétaro.
Es una tarea en extremo difícil con poblaciones aún incomunicadas de las zonas como Oxitempa en Veracruz o Huehuetla en Hidalgo, donde a sus carencias de las crónicas por la pobreza, se agrega esta tragedia del agua. Una tarea que no termina con limpiar el lodo, reparar calles recoger los despojos de patrimonios familiares perdidos. La tarea será aún más ardua para la 4T, devolver la confianza pública a la población damnificada.
Será la tarea de mayor envergadura: responder más allá de las banalidades de la gobernadora de Veracruz o la pereza y abulia de otros gobiernos municipales y estatales, crear una política pública de prevención y protección civil en prospectiva, efectiva y rápida en las alarmas, modificar planeaciones urbanas y asentamientos rurales. Y no solamente descrita en los mapas que identifiquen la zonas de diversos riesgos ante fenómenos meteorológicos de esta magnitud o eventuales por sismos.
La política pública de mayor interés será medir su capacidad de respuesta de alertas tempranas, que auxilien y brinden protecciones y cuidados eficaces a la población oportunas, sin las banales justificaciones de siempre. Empezando por revisar el perfil de las burocracias que están a cargo a nivel federal, estatal o municipal de una política pública de protección civil de extraordinaria y estratégica importancia, tan ninguneada y sacada de los archivos muertos cada tragedia.
