CIUDAD DE MÉXICO.- El Congreso aprobó una reforma integral que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Su propósito es modernizar los procesos judiciales, incorporar de forma plena los medios electrónicos y evitar duplicidades en juicios fiscales. Con ello, el sistema busca una mayor eficiencia procesal, transparencia y seguridad jurídica.
El decreto pretende consolidar un modelo judicial más ágil, en el que los procedimientos puedan tramitarse tanto de manera digital como presencial, fortaleciendo el papel del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la gestión de expedientes y notificaciones. Además, armoniza criterios entre autoridades judiciales y fiscales, cerrando espacios a litigios innecesarios sobre créditos fiscales firmes.
La reforma establece un sistema mixto que permite la presentación electrónica de promociones y reconoce la firma digital como equivalente legal de la autógrafa. Todas las partes con acceso al Portal de Servicios en Línea del PJF deberán utilizarlo para recibir notificaciones electrónicas, salvo en casos excepcionales. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) supervisará la creación de expedientes tanto físicos como digitales.
En materia procesal, se acotan los supuestos de ampliación de demanda y se evita el uso de recusaciones con fines dilatorios. La reforma también precisa los criterios para conceder suspensión del acto reclamado, que solo procederá cuando exista interés social, apariencia de buen derecho y una justificación debidamente motivada.
Por otro lado, se excluye la posibilidad de suspender actos vinculados con la política económica prevista en el artículo 28 constitucional, salvo en casos específicos como multas o desincorporación de activos. Asimismo, se agregan nuevas causales de improcedencia cuando la suspensión afecte la investigación de operaciones con recursos ilícitos o la deuda pública.
Entre otras innovaciones, se establecen audiencias públicas videograbadas, plazos más cortos para las notificaciones y sanciones más severas a servidores públicos que incumplan con la tramitación de amparos. Con ello, la reforma impulsa un proceso judicial más transparente, responsable y ajustado a los tiempos digitales.
En el ámbito fiscal, la modificación al artículo 124 del CFF declara improcedentes los recursos administrativos interpuestos contra actos relacionados con créditos fiscales firmes. Esto incluye aquellos previamente impugnados o prescritos, con el objetivo de evitar duplicidad de juicios y fortalecer la certeza jurídica en los procedimientos tributarios.
De manera paralela, la Ley Orgánica del TFJA se armoniza para excluir de su competencia los juicios promovidos contra actos que exijan el pago o la prescripción de créditos fiscales ya firmes. Este ajuste refuerza la coordinación entre el SAT y el Tribunal Administrativo, eliminando litigios reiterados y optimizando recursos institucionales.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones contrarias quedarán derogadas y las etapas procesales en curso se regirán por la legislación anterior. El OAJ dispondrá de 360 días para adaptar el sistema electrónico del PJF, mientras que las autoridades deberán crear sus perfiles institucionales en un plazo de 180 días adicionales.
En conjunto, esta reforma impulsa la transformación digital del juicio de amparo, fortalece la recaudación fiscal y garantiza que los jueces actúen bajo criterios uniformes. Al cerrar espacios a litigios repetitivos y reforzar la infraestructura tecnológica, el sistema judicial mexicano avanza hacia una justicia más moderna, eficiente y transparente.
AM.MX/fm
