CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una multa al banco Actinver de 300 UMAs, equivalentes a 33 mil 942 pesos, por tratar de dilatar la resolución que emitirá el Alto Tribunal en un juicio que tiene la institución crediticia contra un particular.
En un hecho inédito, de manera pública el Pleno impuso la multa por unanimidad de ocho votos.
La institución crediticia pidió declarar impedida a la ministra Loretta Ortiz Ahfl porque afirma que uno de sus yernos trabaja con el empresario Rafael Zaga Tawil, motivo por el cual, aseguró, existe un conflicto de interés. De igual forma, el banco señaló que se ha ventilado que el yerno de la ministra supuestamente es investigado en Estados Unidos.
Sin embargo, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dejó claro que en el expediente de este juicio no existe algún dato que asegure que hay una indagatoria contra el yerno de Loretta Ortiz, sino que, únicamente, existen notas periodísticas, pero no prueba de una investigación.
“ Al revisar el expediente, advierto que sólo son notas periodísticas, no hay alguna prueba de que, efectivamente, exista tal procedimiento. Entonces, yo pediría a la ministra Lenia Batres ajustar ahí los términos, lo que hay son notas periodísticas”, expresó el togado.
La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que, en este asunto, el banco fue condenado al pago de mil millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, a causa de incumplimiento de contrato de fideicomiso, así como al pago de cien millones por concepto de daño punitivo.
Inconforme, la institución promovió un amparo directo que fue atraído por la extinta Primera Sala de la Corte. El asunto estuvo listado para la sesión del 19 febrero de 2025, en el que algunas ministras adelantaron el sentido de su voto.
No obstante, añadió que no fue posible discutirlo, pues la institución financiera interpuso un recurso de reclamación en contra de un acuerdo dictado en el procedimiento. Posteriormente, el banco presentó impedimento en contra de la ministra Loretta Ortiz.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía dijo resultaba fundada la imposición de una multa.
“Coincido con la consulta en cuanto a la procedencia de imponerle al banco la multa que se señala en el proyecto de 300 UMAs, pues hay elementos suficientes, como ha quedado evidenciado, para considerar que la recusación pretendía solamente retrasar o entorpecer la resolución del asunto principal; por lo tanto, estoy a favor de de la propuesta de establecer esa multa”, expresó.
Tras la resolución de la Corte, la ministra Loretta Ortiz podrá participar en la discusión de este asunto.
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