CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revise la actuación de un juez civil que presuntamente benefició al grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego con resoluciones favorables en un litigio relacionado con un bono de deuda.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la orden de un juez federal de Nueva York que instruyó a TV Azteca desistirse de las demandas promovidas en México para evadir el pago de un bono que asciende ya a 580 millones de dólares entre capital e intereses.
La mandataria refirió que, durante la pandemia, un juzgador capitalino habría validado los argumentos del consorcio para no cubrir sus obligaciones sin informar a las autoridades estadounidenses.
Hay un juez de lo civil en la Ciudad de México donde este grupo empresarial presenta, supongo que es este caso, durante la pandemia, que no está en condiciones de pagar dada la situación. Este juez no informa a las autoridades de Estados Unidos y le da la validez”, explicó. Por ello, planteó que el Poder Judicial local investigue “cómo fue que se dio esa situación”.
Sheinbaum subrayó que el caso se da en el marco de arbitrajes internacionales relacionados con quejas presentadas bajo tratados comerciales, por lo que —dijo— “es importante que quede claro que si hay una deuda debe pagarse” y que “los tribunales deben resolver en ese sentido”.
La presidenta aprovechó para rechazar cualquier posibilidad de una “negociación en lo oscurito” con Ricardo Salinas Pliego sobre sus adeudos fiscales. “Negociación fuera de la ley, nunca”, remarcó, al responder a la propuesta del empresario para instalar una mesa de negociación por sus deudas.
Cuando llegué a la Presidencia, en el Congreso de la Unión juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, recordó. “No es asunto de sentarnos a negociar que sí que no… los adeudos fiscales son un asunto de ley”.
Sheinbaum aclaró que la legislación vigente prevé mecanismos como descuentos en multas y recargos cuando una persona física o moral paga sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero enfatizó que ese trato es para cualquier contribuyente y siempre dentro del marco legal.
La mandataria también marcó distancia con prácticas del pasado, cuando existían regímenes para “pagar el menor número de impuestos posible generando condiciones al margen de la ley”. Y reiteró: “Nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de derecho para todas y para todos”.
El SAT, dijo, tiene “las puertas abiertas” para cualquier contribuyente, pero la ley es la ley y los adeudos deben pagarse conforme al Código Fiscal y la Constitución.
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