José Luis Camacho López
Bajo la rígida y dura mirada del procónsul y agente de la CIA, Ronald Douglas Johnson, la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum navega en las turbulencias del planeta con muy estrechos márgenes para expresarse libremente sobre el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu en la franja de Gaza.
La presidenta mexicana lo hace en forma limitada e indirecta. Omite referirse directamente al gobierno de Netanyahu sobre la masacre palestina como lo han hecho los gobiernos de España, de Gran Bretaña, la Unión Europea y sectores de la comunidad internacional.
La presidenta Sheinbaum cuida cada palabra al tratar el conflicto en la franja de Gaza. Cuando le preguntan sobre la barbarie y terror desatado por el ejército israelí sobre la población palestina de Gaza sus opiniones se ajustan a los términos de la política exterior de la solución pacífica de los conflictos.
“No estamos de acuerdo. Lo primero, condenamos. Lo segundo, nosotros lo que buscamos es la paz y es la política exterior de nuestro país. Entonces, lo que buscamos es construir la paz”, dijo escuetamente en una de sus conferencias de prensa matutinas en mayo pasado a una pregunta.
La situación es de tal gravedad en Gaza para la comunidad internacional que el mismo Jefe del Estado de la monarquía constitucional española, representado por el Rey Felipe VI, ha calificado de intolerable e insoportable para la humanidad.
La misma posición la ha manifestado el ministro inglés Keir Starmer. Se lo ha dicho directamente a Donald Trum durante su reciente visita a Londres. Starmer juzgó igualmente de intolerable las condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad de vida en Gaza como lo hizo el Jefe del Estado español y opinó que la creación del estado palestino es viable.
La propia Unión Europea ha impuesto sanciones económicas e impuestos al gobierno israelí con el propósito de evitar mayores sufrimientos a la población de Gaza, condenada al hambre y a los ataques demoledores del ejército israelí.
El único gobierno mexicano que se atrevió a juzgar directamente al régimen sionista de Tel Aviv ha sido el de Luis Echeverría (1970-1976) cuando acusó en 1975 al régimen sionista de racista por la discriminación y exclusión de la población palestina en ese largo conflicto bélico entre países árabes e Israel.
En respuesta a esa declaración del gobierno echeverrista, en el periódico New York Times apareció un desplegado en el cual se convocaba a la población judía residente en los Estados Unidos de abstenerse de viajar a México y boicotear las exportaciones mexicanas.
A pesar de que su gobierno estaba condenado a una sobretasa del 10 por ciento de las importaciones de Estados Unidos hacia México, Echeverría hizo este juicio sobre el régimen sionista de Israel. Ya desde entonces este gobierno mexicano manejaba la iniciativa de una multilateralidad de las relaciones exteriores fuera de la órbita de Washington, una política que ahora el canciller Juan Ramón de la Fuente dice retomar con el humanismo mexicano como su hilo conductor.
El gobierno de Echeverría se había unido en la ONU a 77 países que habían votado por condenar a Israel en su guerra contra la población árabe. La irritación del gobierno israelí aumentó con la decisión del mandatario mexicano de reconocer al movimiento de liberación palestina de Yasser Arafat.
A la Casa Blanca, en ese entonces ocupada por el presidente republicano Gerald Ford, le molestaba que el gobierno de Echeverría reconociera al gobierno de Pekín y desconociera al de la isla de Formosa; emprendiera largos viajes a 37 países, propusiera un sistema de desarrollo para el Tercer Mundo y enarbolara su Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
La actual posición mexicana sobre la destrucción de Gaza está más cercana a la neutralidad. Se ubica a gran distancia de las naciones europeas que aplican esas medidas económicas y políticas que influyan en frenar las diarias matanzas de infantes, mujeres, ancianos que han llegado a más de 60 mil crímenes de guerra.
Hace unos días una delegación Global March to Gaza asistió al Senado de la República. Propuso al gobierno mexicano además de una condena el genocidio en la región, establecer una embajada del México en Palestina y romper relaciones con Israel en materias de tecnología hídrica y bélica.
Esa asociación civil sugirió al gobierno de la presidenta “no quitar los ojos de Gaza” y participar en los corredores humanitarios para salvar vidas en esa región destruida por Israel.
En ese marco, siete mexicanos se han unido a una flotilla de Global Sumud que viaja por el Mediterráneo oriental con 40 activistas de diversas nacionalidades para llevar ayuda humanitaria con alimentos y medicinas a esa zona del medio oriente. La cancillería a ofrecido estar al tanto de estos connacionales que participan a bordo de la flotilla Global Sum.
Entre la política exterior de la segunda etapa de la 4T y la de López Obrador hay una distante diferencia. La política exterior de la presidenta Sheinbaum tiene el pie de Trump encima del país. Es muy difícil pensar que el origen sefardí de nuestra presidenta influya en las restricciones de sus expresiones sobre la grave situación humana en Gaza.
Ata al país la debilidad de su economía y la extraordinaria dependencia de la economía estadunidense con los aranceles. Trump y su secretario de Estado Marco Rubio tienen muy claro que el México soberano de la segunda etapa de la 4T dependen de sus decisiones.
La política exterior mexicana acusada de farol de la calle y oscuridad de su casa durante el régimen priista, se encuentra en serios dilemas. Los principios de la política exterior como dicta la Constitución de 1917 se quedan cortos en las nuevas realidades internacionales cuando se cambia el rostro del planeta en Ucrania y Gaza.
Las diferencias de la política exterior entre la 4T de López Obrador y la 4T de Sheinbaum las ha definido la relación con los Estados Unidos, ahora en la era de Trump. El 26 de enero de 2024 el gobierno de López Obrador cuando gobernaba el demócrata Joe Biden, a través de la cancillería entonces a cargo de Marcelo Ebrard, felicitó la decisión sobre medidas provisionales emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo a la Aplicación de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
El comunicado de la SRE de ese enero destacó que Israel violó la Convención sobre el Genocidio, aprobada en 1948 por la recién creada Organización de las Naciones Unidas. El término genocidio y la Convención que lo define como delito, se inspiraron directamente en el genocidio de seis millones de judíos perpetrado por la Alemania nazi, decía el comunicado de la cancillería mexicana.
Aunque siempre subrayando el principio de la solución pacífica tras el violento ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por militantes de Hamás en contra de civiles en Israel, el primer gobierno de la 4T refrendó su respaldo a la justicia internacional y su decisión de calificar de genocidio la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza.
La Corte Internacional de Justicia había reiterado “su profunda preocupación por la dimensión de la catástrofe humanitaria que las hostilidades en este conflicto han generado, especialmente, la muerte de miles de civiles y la destrucción de infraestructura”.
Más de un año después de esa declaración del gobierno de López Obrador, el de la presidenta Sheinbaum marca sus diferencias sobre la inasible destrucción de Gaza nuevamente condenada hace días por la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al comprobar in situ el genocidio que lleva a cabo el gobierno israelí de corte ultraderechista.
Desde ese mes de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia ordenó evitar que se cometan actos de genocidio en contra de la población palestina en Gaza, “que no se lesione en forma grave su integridad física o mental, que no se le someta intencionalmente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; y medidas destinadas a impedir los nacimientos”.
También ordenaba la Corte ese mes de enero de 2024 prevenir y sancionar la incitación al genocidio, permitir la entrada y suministro de asistencia humanitaria y preservar la evidencia”.
Desde entonces el primer gobierno de la 4T demandó “atender las resoluciones de la Corte y garantizar su cumplimiento, es esencial para mantener la paz y el estado de derecho” y el fin de las hostilidades con un cese al fuego inmediato y duradero.
Para el gobierno de López Obrador basado en el informe de la Corte presentaba “pruebas” que demostraban que Israel estaba “cometiendo genocidio en Gaza”.
Hoy el gobierno de la presidenta Sheinbaum, en esta segunda etapa de la 4T, está en un serio dilema: si la doctrina del humanismo mexicano que es el eje rector de la política exterior de su gobierno, alcanzará esa esa zona de desastre humano de Gaza, donde la humanidad internacional es testigo de un genocidio que está a la vista todos los días, a diferencia del holocausto judío de los nazis descubierto tras la Segunda Guerra Mundial.
