Por Pablo Cabañas Díaz
El lenguaje, cuando se ejerce desde el poder público, no es una anécdota: es una declaración de principios. En el caso de la titular de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS, Marcela Velázquez Bolio, su referencia a los niños con discapacidad y cáncer como “macro fauna carismática” no puede ser reducida a un simple error de comunicación. Esa expresión evidencia un modo de ver a las personas vulnerables como objetos de representación, categorías simbólicas útiles para ilustrar una idea, pero no como sujetos con dignidad plena. Y esto, dicho desde un espacio institucional dedicado a la protección de los derechos humanos, es todavía más grave.
Las palabras importan porque definen la forma en que se entienden las políticas públicas. Nombrar a niñas y niños con enfermedades graves como “fauna” no solo hiere a quienes atraviesan esas condiciones, sino que también revela una lógica administrativa que clasifica, mide y jerarquiza el dolor. Se habla de ellos no como individuos irrepetibles, sino como parte de un repertorio de causas “atractivas”, capaces de movilizar la empatía social y justificar prioridades presupuestales. En ese gesto se advierte una burocracia que, sin quererlo o quizá sin notarlo, repite la frialdad de los sistemas autoritarios: convertir a la persona en un caso, en una categoría, en un ejemplo.
Como advirtió Norberto Bobbio, “la dignidad humana no es un atributo negociable del individuo, sino el fundamento mismo del derecho”. Ese recordatorio resulta pertinente aquí: cuando un funcionario reduce a seres humanos a categorías zoológicas, erosiona el principio básico sobre el que descansan las políticas de derechos humanos. No hay política pública legítima que pueda construirse sobre la deshumanización del lenguaje.
Es cierto que Velázquez Bolio pidió disculpas, alegando que el audio fue editado y sacado de contexto. Pero el contexto en realidad poco cambia el fondo: lo que resulta inaceptable es la naturalidad con que semejante expresión pudo usarse en una reunión de trabajo. La disculpa puede mitigar el impacto político del escándalo, pero no anula la pregunta de fondo: ¿cómo es posible que en el IMSS, institución cuya misión es proteger la salud y los derechos de millones de mexicanos, se hable con tanta ligereza de los más vulnerables?
La dimensión más preocupante del episodio no está en la frase misma, sino en lo que revela sobre el clima institucional. Cuando un equipo de derechos humanos escucha esas palabras y no las cuestiona de inmediato, significa que hay un ambiente en el que la sensibilidad hacia la dignidad humana se ha debilitado. No se trata de demonizar a una persona en lo individual, sino de reconocer un deterioro cultural dentro del aparato burocrático: la costumbre de hablar de los pacientes en clave de estadísticas, de poblaciones, de categorías, hasta perder de vista la dimensión humana de cada vida.
En el México actual, donde la desigualdad y la precariedad en la atención médica son realidades palpables, el lenguaje oficial debería ser un refugio, no una agresión. Nombrar con dignidad a las personas en situación de vulnerabilidad es el primer paso para atenderlas con justicia. Por el contrario, utilizar categorías que las convierten en “fauna” o en ejemplos de mercado simbólico perpetúa la idea de que hay vidas más visibles que otras, causas más rentables que otras. Y esa idea, aunque no sea fascista en sentido estricto, lleva consigo la semilla de la exclusión.
Las palabras de Velázquez Bolio no deben quedar como un lapsus aislado, sino como una advertencia: el Estado no puede permitirse ver a los más vulnerables como fauna ni como mercancía emocional. México necesita instituciones que nombren con respeto, que actúen con ética y que pongan en el centro a la persona, no al símbolo. Y para lograrlo, lo primero es reconocer que el lenguaje no es accesorio, sino el corazón mismo de los derechos humanos.
