CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 300 pipas descargaban huachicol fiscal a puerta cerrada en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas. La operación, según la Fiscalía General de la República (FGR), funcionó durante más de un año bajo la dirección del vicealmirante Roberto Farías Laguna, quien presuntamente encabezó una red criminal que permitió la entrada de combustible ilegal disfrazado de aditivos o aceites.
De acuerdo con Cadena Política, cada vez que un barco con este tipo de carga atracaba en los recintos portuarios, las actividades se detenían de forma inusual. En ese lapso, entre 290 y 300 pipas ingresaban para retirar el contenido, que según los conductores tenía el olor característico del diésel, aunque los documentos de importación afirmaban lo contrario.
Acusaciones con base en testigos y manuscritos oficiales
La acusación formal presentada ante el juez federal Mario Elizondo Martínez se sostiene en tres ejes clave:
El manuscrito del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció la red de huachicol en 2022 y fue asesinado en noviembre de 2024.
El testimonio de “Santo”, un exmarino que operó dentro de la estructura y que decidió colaborar con la FGR tras sentirse en riesgo.
Dos declaraciones anónimas de exintegrantes civiles de la operación.
Según la investigación, entre abril de 2024 y mayo de 2025, 31 buques especiales ingresaron a México con cargamentos que eludían impuestos mediante documentación falsa. Esta práctica, conocida como huachicol fiscal, consiste en importar diésel refinado desde Estados Unidos haciéndolo pasar por productos con tasas impositivas más bajas, lo que representa una pérdida millonaria para el erario.
Red organizada entre mandos navales y civiles
La FGR sostiene que Farías Laguna no actuaba solo. A su alrededor operaban tanto funcionarios de la Marina como empleados civiles de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). El juez vinculó a proceso a varios de ellos, incluidos capitanes y subdirectores de aduanas, así como verificadores y jefes de departamento portuario.
Entre los implicados están:
Climaco Aldape Gutiérrez
Sergio Varela
Humberto Enrique López Arellano
Carlos de Jesús Astudillo Villalobos
Fernando Ernesto (aduana de Altamira)
Endira Palomo Chávez
Perla Elizabeth Castro Sánchez
Ismael Ricaño Matías
Natalia Jocelyn Gutiérrez
A Elizabeth Castro, embarazada al momento de su detención, se le colocó un brazalete electrónico para que cumpla prisión domiciliaria durante el proceso legal.
Contexto político y vínculos familiares
Los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como líderes de esta estructura, son sobrinos políticos del secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles encubrimientos o negligencia institucional. Mientras Roberto ya enfrenta un proceso judicial, Fernando permanece prófugo.
Este caso también pone en evidencia las debilidades en el control aduanal del país y la necesidad urgente de revisar los mecanismos de supervisión en los puertos marítimos. Aunque la red quedó expuesta, persiste la preocupación sobre cuántas operaciones similares podrían haberse realizado en otros puntos del país.
AM.MX/fm
