Miguel Tirado Rasso
En el juego maquiavélico del gobierno
pasado, se decidió, en el caso del TEPJF,
no formular los nombramientos de los
reemplazos que habrían de sustituir a los
dos magistrados que habían concluido
el período de su mandato, conforme a la ley.
Por si todavía hubiera quién le apostara a la imparcialidad de nuestras autoridades electorales, solo habría que revisar el sesgo de algunas de sus resoluciones más recientes, para saber qué se puede esperar de ellas y con quién están comprometidas. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pasaron de ser, por su actuación y desempeño en las funciones de su competencia, de instituciones respetadas, con reconocimiento internacional, a cómodos organismos a modo del gobierno de la 4T. Papel, éste, que han asumido a plenitud, evitando, en todo momento, afectar los intereses del gobierno ni con la sombra de una sentencia.
En el juego maquiavélico del gobierno pasado, se decidió, en el caso del TEPJF, no formular los nombramientos de los reemplazos que habrían de sustituir a los dos magistrados que habían concluido el período de su mandato, conforme a la ley. Pero por aquello de, “no me vengan con que la ley es la ley,” el pleno de la Sala Superior, que debiera estar integrado por siete magistrados, quedó reducido a cinco, hasta la fecha. Y es que, resultaba menos complicado para el gobierno el control del Tribunal, con un pleno de cinco miembros, pues con tres magistrados cooptados tuvo mayoría y, consecuentemente, el control del Tribunal. Mala noticia para nuestra democracia, porque esta institución es la máxima instancia en materia electoral, por lo que sus resoluciones son inapelables.
Los magistrados del Tribunal, no han tenido empacho en emitir polémicas resoluciones, que sacan adelante, más por el peso de su mayoría, que la solidez de sus argumentos jurídicos, como lo acabamos de ver en el caso del juicio sobre la legalidad de la elección del Poder Judicial. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora proponían la anulación de diversas elecciones para la Corte, magistraturas y jueces, ante irregularidades como financiam
La propuesta de estos magistrados no prosperó y fue desechada por los tres magistrados alineados al oficialismo, Mónica Soto, magistrada presidente, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, para quienes los acordeones, si bien no pudieron negar su existencia, argumentaron que no existían pruebas contundentes para acusar inducción del voto. Para ellos, que, de 7 mil 400 millones de combinaciones posibles para los 9 cargos de la Corte, 45 por ciento de los votos válidos se concentraran en una sola combinación, no les pareció sospechoso. Supongo que consideraron que s
Según estos magistrados, la existencia de los acordeones no comprueba que hubo una distribución y un uso generalizado. Si no se sabe, cuestionaron,¿quién los hizo?, ¿cuánto gastaron?, ¿quiénes los diseñaron?, ¿de qué gobierno salió el dinero para acusar un financiamiento ilícito?, ¿qué partidos, funcionarios o gobiernos idearon la “estrategiacoordinada”?
La consigna era sacar adelante la elección. Validarla a pesar del mega fraude a la vista de todos. No iban a permitir que la Reforma Judicial, planteada como la solución a los “graves problemas de corrupción y nepotismo”, que, según el ex mandatario y fundador de Morena, caracterizaban a los juzgadores del momento, tropezara, aunque se tratara de un proceso electoral con graves fallas, mal pensado, peor diseñado, y, de por sí, complejo por el número de cargos a elegir.
Contra el discurso oficial sobre las bondades de la Reforma Judicial, el pueblo bueno y sabio nunca entendió de qué se trataba. El tema, eminentemente jurídico, resultó ininteligible y muy lejano a la mayoría de la población, lo que quedó reflejado en la escaza votación. La oferta dice que esta elección permitirá mejorar nuestra democracia y aspirar a una mejor justicia, con jueces más cercanos y sensibles. El tiempo lo dirá.
La realidad es que la elección del Poder Judicial decepcionó a propios y extraños. El gobierno manejó la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces como un gigantesco avance en la procuración de justicia. De hecho, para la retórica oficial, esta elección nos habría de colocar como el país más democrático del mundo. Lo cierto es que este procesodespertó poco interés en la población, pues de un padrón de más de cien millones de posibles electores, solo acudieron a las casillas menos de 13 millones de votantes. El 87 por ciento desoyó el llamado a las urnas. Además de su muy reducida legitimidad, difícilmente se le borrará la mancha de elección fraudulenta.
