CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzaron una advertencia contra lo que calificaron como una práctica inconstitucional del gobierno federal: la exclusión definitiva de adultos mayores del Programa de Pensión para el Bienestar, bajo el argumento de supuestas inconsistencias administrativas o ausencia en el cobro del apoyo por dos bimestres consecutivos.
En conferencia, los legisladores denunciaron la existencia de una presunta “lista negra” elaborada por la Secretaría del Bienestar, en la que se identifican a beneficiarios que serán dados de baja de forma irreversible, a pesar de que el derecho a recibir este apoyo está consagrado en la Constitución como universal, progresivo y no regresivo.
“La cancelación definitiva sin vías de subsanación viola los principios de legalidad, igualdad, no discriminación y seguridad jurídica”, sostuvieron.
Ante esta situación, el grupo parlamentario del PRI presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a:
El Ejecutivo Federal, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Hacienda, a informar públicamente los criterios normativos, administrativos y legales que sustentan las bajas definitivas del programa, así como las acciones implementadas para evitar exclusiones arbitrarias.
También solicitaron detallar los mecanismos de notificación, corrección o apelación disponibles para los afectados, así como las implicaciones presupuestales de estas decisiones en el gasto social.
Los legisladores recordaron que la reforma constitucional aprobada el 8 de mayo de 2024 reforzó el carácter de derecho social fundamental de la pensión para personas adultas mayores, lo que impide que su entrega esté sujeta a decisiones discrecionales o criterios administrativos opacos.
“El Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No se puede poner en juego la dignidad ni los derechos de las personas adultas mayores por simples errores en la CURP o en su dirección”, sentenciaron.
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