Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En esta ocasión, se aceptaron
algunas recomendaciones y la Ley de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que
se aprobó, incluyó cambios importantes,
aunque no todos los deseables.
Finalmente, Morena superó el trago amargo que le significó tener que alterar el ritmo y forma acostumbrados en su trabajo parlamentario, estilo 4T: aprobar a ciegas y al vapor, las iniciativas enviadas desde Palacio Nacional. Esto es, sin perder el tiempo en leerlas, revisarlas y discutirlas, y sin moverles ni una coma. Bueno, al menos en un caso, el de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para cuyo análisis, el Senado convocó a foros públicos para enriquecer la discusión sobre la ley y permitir la participación de diversos sectores.
Como algo excepcional, habrá que decir, pero que no se habría dado sin la recomendación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que mostró sensibilidad ante la catarata de críticas surgidas en contra de la propuesta original de reforma de la Ley de Telecomunicaciones y “sugirió” al Senado escuchar la opinión de académicos, expertos, representantes de cámaras empresariales y medios públicos, con ánimo, no solo de escucharlos, sino de aceptar ajustes a la propuesta inicial.
En la experiencia histórica, más de seis años, de la muy abultada agenda de reformas de los gobiernos de la 4T, contados fueron los casos en los que los congresistas de Morena aceptaron realizar foros abiertos para escuchar las voces de expertos, académicos o sectores interesados en las iniciativas de ley o sus reformas. Menos aún, fueron los casos en los que, tras escuchar las otras opiniones, aceptaron incluir sus ideas o propuestas, pues la constante fue, solo escucharlos, sin modificar ni una coma a la versión original. En esta ocasión, se aceptaron algunas recomendaciones y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se aprobó, incluyó cambios importantes, aunque no todos los deseables.
Sigue sin entenderse que, teniendo el dominio de las mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso Federal, lo cual le garantiza al partido en el poder la aprobación de las iniciativas oficiales, Morena continúe en su actitud de cerrazón al debate parlamentario. De no estar dispuestos a abrirse a un juego democrático en el que se permita y se escuche la voz de la oposición. En donde se respeten los tiempos y las formas parlamentarias para el análisis y discusión de normas que son trascendentales para el futuro del país.
La práctica regular sigue siendo, acortar los tiempos de discusión y cerrarle el micrófono a la oposición, cuando la crítica sea molesta o incómoda. No existe justificación para aprobar en fast track, cuando no se tiene ni la menor idea de los contenidos de las iniciativas que les envía el Ejecutivo. En esta ocasión, se llegó al extremo de convocar a un período extraordinario sin siquiera tener la certeza de cuáles leyes serían la materia del trabajo parlamentario, porque no contaban con las iniciativas de Palacio Nacional. En el colmo, una de ellas fue recibida ya entrada la noche, que se aprobó temprano en la mañana siguiente. Por supuesto, ni quién se enterara de su contenido, pero lo importante era su aprobación.
Del paquete aprobado en la sesión extraordinaria del Congreso, las más polémicas son la Ley de Telecomunicaciones, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Investigación e Inteligencia, que fueron bautizadas como Ley Censura, Ley Espía y Ley Big Brother, respectivamente.
En virtud de estas leyes, el gobierno está facultado a solicitar la geolocalización de ciudadanos en tiempo real sin necesidad de una orden judicial. Solo en el caso de las intervenciones telefónicas se establece el requisito de la previa autorización de un juez, para realizarlas. La CURP será la plataforma única de identidad (Ley General de Población). Todo ente público o privado estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios (hospitales, escuelas, bancos, etc). El Centro Nacional de Inteligencia podrá tener acceso a cualquier registro público o privado, incluida la CURP biométrica, bases del SAT, del IMSS, servicios financieros, de salud, por mencionar algunos. Todo un modelo de control poblacional.
El problema no es que un gobierno tenga acceso a toda esta información de sus ciudadanos, seguramente esto permite un mejor desempeño en el combate a la delincuencia, al menos eso es de esperar, lo grave es que no existan controles o instancias que protejan a los ciudadanos de los excesos en que puedan incurrir las autoridades. Eliminados los órganos autónomos que permitían una intermediación neutral entre gobernados y autoridades y una protección a sus derechos ante posibles abusos de autoridad, los ciudadanos quedan expuestos, solo confiando en que el gobierno actúe con respeto a las leyes sin incurrir en excesos de poder, lo cual no hay forma de garantizar.
Si con leyes que protegían datos personales, en el tribunal mañanero de Palacio Nacional el ex presidente tabasqueño exhibió pública e impunemente información protegida de quienes él consideraba sus adversarios, ahora amparados en la ley, ¿quién podrá controlar estos abusos?
