Por José Cruz Delgado
*Buscan poner un alto al uso indebido de drones con fines criminales.
En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico del estado y enfrentar con mayor eficacia a los grupos delictivos, el diputado Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán iniciativa para tipificar el delito de halconeo dentro del Código Penal del Estado.
Y es que este tipo de actividades, han evolucionado junto con las organizaciones criminales, constituyendo una amenaza directa a las tareas de las instituciones de seguridad pública.
“Baltita detalló que el halconeo, entendido como el acto de vigilar, acechar o transmitir información sobre las operaciones de seguridad para alertar a grupos criminales, debe ser castigado con penas que van de 3 a 7 años de prisión, además de sanciones económicas y la reparación de los daños ocasionados.
La iniciativa plantea agravantes para quienes empleen a menores de edad, personas vulnerables o medios tecnológicos para cometer el delito, así como en los casos donde se ponga en riesgo o se pierda la vida de elementos de seguridad pública.
Tiene razón, las prácticas delictivas deben combatirse no solo con operativos, sino también con instrumentos legales modernos y firmes, que permitan cerrar el paso a quienes facilitan o encubren la acción de los delincuentes desde la sombra, a menudo sin ser sancionados.
Efectivamente, estamos frente a una práctica silenciosa pero letal que debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo a la ciudadanía y a nuestros cuerpos de seguridad. No podemos seguir permitiendo que el halconeo quede impune, señaló el petista.
Por cierto, también presentó días atrás otra iniciativa con proyecto para reformar el Código Penal de Michoacán, a fin de tipificar como delito el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente conocidas como drones y así reforzar el marco legal en materia de seguridad pública y atender un fenómeno tecnológico que ha sido aprovechado por la delincuencia.
La propuesta es adicionar el término Delitos contra la sociedad al Código Penal estatal, incorporando un nuevo capítulo específico sobre el uso indebido de drones, así con lo cual se establece un régimen de sanciones que va desde los dos hasta los diez años de prisión, dependiendo de la gravedad y el uso que se le dé a estas tecnologías.
A su decir, estamos frente a una realidad alarmante. Lo que inició como una innovación útil en múltiples sectores, también ha sido aprovechado por grupos criminales para espiar, transportar sustancias ilícitas e incluso perpetrar atentados con consecuencias fatales.
De acuerdo con la exposición de motivos, aunque los drones tienen aplicaciones legítimas en actividades agrícolas, de videograbación, monitoreo de ganado o infraestructura, también han sido usados para invadir la privacidad de las personas, lanzar objetos peligrosos o explosivos, e incluso como herramientas de ataque directo en regiones del estado donde operan organizaciones delictivas.
En ese sentido, la iniciativa contempla tres niveles de sanciones: la primera, para quien vigile o grabe a personas con fines delictivos; la segunda, para quien use drones para lanzar objetos o sustancias peligrosas; y la tercera, para quien los adapte con armas explosivas o de fuego.
“Estamos hablando de proteger no sólo la privacidad, sino también la vida e integridad de la población. No podemos permitir que esta tecnología sea usada como arma en contra de la sociedad, expresó Gaona García.
