Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 7 de julio, 2025.- El próximo año, según Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador económico del grupo parlamentario de Acción Nacional, desaparecerán 347 programas presupuestales en relación con 2025, lo que afectará principalmente a los sectores de infraestructura y salud.
Preocupa la reducción de estos programas como parte de las medidas de austeridad, ya que afectarán la política de igualdad de género y la salud de mujeres y niñas. Según los panistas, el proyecto de presupuesto para 2026 privilegia el gasto militar.
Hay que recordar que, desde 2019, uno de los programas más golpeados por la 4T ha sido el de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, con impactos demoledores en la vida de niñas y adolescentes. Estoy convencida de que esta es una de las causas por las que no ha disminuido, como se esperaba, el embarazo infantil, ni tampoco las altas tasas de mortalidad materna.
Solo en 2024 hubo 7 mil 975 nacimientos cuyas madres tenían menos de 14 años, según la Secretaría de Salud. Es un reflejo de la extendida normalización del abuso y la violencia sexual contra menores.
Llama la atención la ausencia de políticas focalizadas, cuando esta administración cuenta desde hace una década con información, diagnóstico, contexto, rutas de actuación y comités. Se reconoce, además, que las niñas/madres ven detenido su desarrollo personal, social y educativo.
Por eso, la reestructuración prevista en el presupuesto de 2026 es un dato alarmante.
Cobra un sentido aún más preocupante cuando, en estos días, se dio a conocer información oficial detallada sobre 30 casos de niñas embarazadas, cuyos padres tienen hasta 30 años más que ellas; casos que se registran en todo el país.
La información generó una reacción de indignación en redes sociales, medios de comunicación y colectivas de mujeres. El impacto fue tal que, el 4 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no desmintió los hechos y ofreció investigar. Calificó los casos como delitos y anunció que los hospitales están obligados a notificar al Ministerio Público sobre cada embarazo infantil; además, señaló que estos 30 casos serán investigados.
Me pregunto: ¿todos los nacimientos de niñas/madres serán judicializados? En lugar de cumplir con acciones integrales previstas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), vigente desde el 15 de enero de 2015. ¿Se desestimó esa estrategia? Tras una década, la evidencia muestra que no se logró revertir este ominoso fenómeno.
Fue la ENAPEA la que estableció la relación entre el embarazo de niñas y el abuso y la violencia sexual, derivados de uniones infantiles y matrimonios forzados. Planteó erradicar el embarazo infantil para 2030, coordinar acciones de ocho dependencias y trabajar con las adolescencias.
Los estados con mayores tasas de nacimientos en menores de edad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En 2015 se contabilizaban más de mil embarazos tempranos por año. Ahora, el promedio supera los tres mil. La estrategia identificó como focos de atención las zonas indígenas y empobrecidas, incluso donde se reporta la venta de niñas.
Para la presidenta de la República, “esto no es necesariamente así”, insinuando que se trata solo de usos y costumbres.
Las colectivas feministas exigen que los embarazos infantiles se traten como alertas de violencia de género y se activen los protocolos de atención, protección y justicia. Piden también que las políticas públicas estén debidamente coordinadas.
Por eso, una reestructuración presupuestal como la que advierte el PAN asusta y alerta. Amenaza con más recortes para la prevención de la violencia de género.
México ocupa el primer lugar mundial en embarazo infantil, según la OCDE. Hay conciencia sobre la violencia intrafamiliar; sabemos del abuso sexual, de la violación a los derechos humanos de la niñez. ¿Entonces? ¿Por qué judicializar y no cumplir con la ENAPEA? Veremos.
Periodista. Editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.
