Por José Cruz Delgado
En un país donde ejercer el periodismo implica, en muchos casos, jugarse la vida, las declaraciones del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, han encendido las alarmas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), que ha iniciado una actuación de oficio por posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas de expresiones públicas que podrían constituir discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación.
El expediente CEDH/8119/2025-Q, abierto el pasado 27 de mayo en Morelia, recoge declaraciones del alcalde ex morenista emitidas durante eventos públicos conocidos como “Nochecitas del Sombrero”. En dichos actos, Manzo Rodríguez calificó a comunicadores como “chayoteros” y los acusó de colaborar con grupos del crimen organizado, declaraciones que fueron difundidas ampliamente en redes sociales y medios locales.
Frases como “ellos alertando a los delincuentes de que no pasen donde se encuentra la policía” y “trabajan para el crimen organizado” no sólo estigmatizan, sino que, en el contexto actual de violencia estructural en México, ponen en riesgo directo la integridad física de los periodistas.
La CEDH advirtió que este tipo de discursos no sólo vulneran la libertad de expresión y de prensa, sino que también fomentan un entorno hostil para el ejercicio periodístico. En un país que se mantiene entre los más peligrosos del mundo para la prensa, este tipo de ataques desde figuras de poder no puede ser tomado a la ligera.
Como parte de las medidas iniciales, se ha solicitado al alcalde un informe detallado en un plazo de 72 horas, además de instruirse la intervención de la Coordinación General de Visitadurías. Se notificó también a las autoridades estatales y municipales la obligación de cooperar en la investigación.
El polémico Alcalde es conocido por sus constantes enfrentamientos con diversos sectores de la sociedad, desde políticos, a policías y la prensa, incluso llegando a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Carlos Manzo quien llegó a la presidencia municipal de Uruapan por la vía independiente, desde que era diputado federal por Morena se caracterizó por su agresividad denotando un comportamiento fuera de lo normal, incluso acusó en su momento a su antecesor de estar coludido con el crimen organizado pero nunca presentó pruebas ni interpuso denuncia penal alguna.
Su administración se ha caracterizado por sus arranques de ira y constantes enfrentamientos con la ciudadanía que lo llevó al poder, poder que ha sido utilizado para atacar a los comunicadores y ganándose a pulso el repudio de las y los ciudadanos, sobre todo porque ha sido rebasado por la inseguridad convirtiendo al municipio en uno de los más inseguros del país siendo catalogado como un payaso y un fanfarrón.
El propio secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha negado haber recibido cualquier solicitud de apoyo federal del presidente municipal de Uruapan, para enfrentar al crimen organizado con fuerzas especiales del Ejército Mexicano.
Pero no pudo contenerse y aclaró que existen operativos en curso y que, tras las detenciones, los medios suelen publicar notas que por ese tipo de circunstancias, pues se viene abajo el trabajo y la investigación de muchos meses, en referencia a cómo la cobertura mediática puede entorpecer procesos judiciales.
Ahora resulta que los medios de comunicación son los responsables de los fallidos operativos y que la delincuencia siga creciendo.
Son más sus habladas que acciones.
