Fernando Irala
Entrampados por el sube y baja de la paranoia que gobierna los Estados Unidos desde el inicio de año, los mexicanos ya no sentimos lo duro, sino lo tupido.
La situación se agrava por una mala estrategia del gobierno de la 4T, que decidió demandar ante la justicia norteamericana a los armeros de ese país, acusándoles de ser responsables de la violencia criminal que azota México.
Lo que obtuvo fue un fallo en contra de la Suprema Corte estadounidense; ahora, nuestro gobierno rechaza la sentencia, pero el pecado original se produjo cuando se decidió someter la soberanía del Estado mexicano a las determinaciones de un poder extranjero.
Desde hace décadas, pero sobre todo desde el pasado sexenio, la argumentación gubernamental alude a la liberalidad con la que se comercian las armas que surten el poder de fuego de los cárteles en México, pero el otro gran tema es cómo ingresan los pertrechos, se distribuyen y se utilizan sin que los aparatos de seguridad puedan sellar ese flujo o por lo menos neutralizarlo.
A todo lo anterior se ha sumado la ocurrencia de Donald Trump de duplicar los aranceles al acero y el aluminio, lo que afectará no sólo a la industria de esos metales, sino a todo el aparato productivo nacional, a las fuentes de empleo, y a las expectativas de crecimiento económico nacional, el cual lleva ya siete años cercano a cero.
Por si lo anterior fuera poco, las recientes redadas de migrantes en California, agregan otro elemento de tensión en la ya muy maltrecha relación entre nuestros países; incluso se han desatado disturbios en Los Ángeles, por la comunidad de origen latino, amenazada y perseguida.
Llevamos ya varios meses en esta dinámica, y no sólo no ha cambiado, sino que todo hace prever un progresivo empeoramiento, en la medida en que los planes del magnate neoyorkino no resultan y se acumulan los traspiés de un hombre belicoso y sin brújula.
El problema es que entretanto, los platos rotos los pagan los sectores más vulnerables, los migrantes de allá y de aquí, las clases trabajadoras, quienes dependen de un ingreso volátil, los niños y adolescentes a quienes se les cercena el futuro.
Y lo más grave, un gobierno que apela a la serenidad y la paciencia cuando el vendaval arrecia, y no se ve cómo librarlo.
