CIUDAD DE MÉXICO.- Organismos defensores del debido proceso han señalado al Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguin por presuntas irregularidades en el proceso judicial que mantiene en contra del despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., al que acusa de participar en un supuesto desvío de recursos públicos por más de 98 millones de pesos durante el refinanciamiento de la deuda estatal en 2019.
De acuerdo con documentos incluidos en la carpeta de investigación y versiones recabadas por este medio, el despacho no fue contratado por el gobierno estatal, sino por una institución bancaria que obtuvo la licitación pública para realizar el refinanciamiento, autorizado mediante decreto legislativo y con recursos provenientes de dicha entidad financiera, no del erario.
“Estamos ante una acusación insostenible en términos jurídicos y técnicos”, declaró una fuente cercana al proceso, quien señaló además que el despacho cuenta con documentación comprobatoria de los servicios prestados, incluida la entrega de informes al gobierno estatal, los cuales obran en archivos oficiales.
La Fiscalía, no obstante, sostiene que el despacho es una “empresa fantasma”, afirmación que contrasta con registros del SAT y el IMSS, así como con la trayectoria de la firma, constituida en 2003 en la Ciudad de México y con antecedentes de servicios prestados a múltiples entidades públicas y privadas.
Uno de los aspectos más cuestionados es que la acusación se basa en una auditoría forense realizada en 2022 sobre la Cuenta Pública 2021, a pesar de que el proceso de refinanciamiento fue validado en 2019 por la propia Auditoría Superior del Estado y por la Auditoría Superior de la Federación. Esta última tiene la competencia exclusiva para auditar participaciones federales.
Además, el proceso fue sometido a licitación pública en la que participaron 20 bancos nacionales, revisado por agencias calificadoras internacionales y supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Organismos defensores del debido proceso han criticado la falta de respeto al derecho de audiencia y a la presunción de inocencia, denunciando que se solicitó una ficha roja a Interpol sin haber iniciado el juicio penal ni admitido las pruebas de descargo.
El caso ha generado inquietud entre especialistas, quienes ven en la acusación indicios de persecución política y un riesgo para la credibilidad institucional de la Fiscalía estatal, cuyo proceder comienza a ser cuestionado incluso dentro del propio gabinete.
AM.MX/fm
