Federico Berrueto
La relación entre el presidente o presidenta de Morena con la CNTE es algo como el juego del burlador burlado. Asumen que esa organización de choque es manejable y el tiempo acredita que es un problema mayor por su pulsión a la extorsión, con una afectación grave a la educación en los estados donde hay más pobres del país. También plantea un problema político y económico por su activismo, la manera de ejercer sus derechos políticos y por el impacto directo e indirecto en la economía de los lugares donde está presente.
En el asunto hay que distinguir cuatro planos: la educación, los derechos laborales en el ámbito gremial, el político y el criminal. Es evidente que lo que más importa es la educación, que sea de calidad y auténtico sentido social la hace el vehículo más eficaz para la superación personal, familiar y comunitaria. La misión social educativa como fórmula de reivindicación se extravió en el entramado de intereses políticos y gremiales de gobiernos y sindicatos. Aun así, es un logro mayúsculo lo que pudo hacerse casi durante un siglo, hasta antes de la llegada del obradorismo al poder.
Los intereses gremiales siempre se han confrontado con un servicio educativo de calidad. Es explicable, las maestras y los maestros buscan mejorar sus condiciones de vida. Los profesores lejos están de ser un sector privilegiado como los trabajadores de CFE o Pemex. La situación se complica con la expresión gremial de las demandas legítimas de los profesores; el músculo del sindicato no se asocia al bienestar de sus representados, sino a la negociación política con el gobierno, que adquiere mayor dimensión por la crisis económica y su potencial electoral.
El gremio educativo, en cualquiera de sus expresiones, SNTE o la CNTE es una fuerza política relevante, fundamental para la educación de calidad, pero se han impuesto los objetivos políticos. No hay gobierno que no haya establecido una relación que va más allá de los temas estrictamente laborales. Incluso, el poder del sindicato se centra en fortalecer su control de la base trabajadora a través de su intervención en la definición de plazas, promoción y beneficios sociales. Ha habido intentos de rescatar el proyecto educativo. Destacan secretarios que pusieron su mejor empeño para mejorar y profesionalizar al magisterio como Fernando Solana, Jesús Reyes Heroles, Miguel Limón, Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño, decidido a emprender la reforma más profunda y trascendente de rescate de la educación pública de calidad. Los presidentes del PAN no supieron lidiar con la representación magisterial y con López Obrador se retrocedió porque convergieron las pulsiones destructivas del presidente, con los de la CNTE.
López Obrador y la CNTE transitaron por el mismo camino de privilegiar la política sobre la función educativa. La destrucción de la reforma puso en manos de los peores el destino de la educación pública con consecuencias lamentables. Se destruyó la evaluación, la carrera magisterial y todos los recursos y estrategias para la calidad educativa. Se hizo con saña y el daño no fue a los aludidos neoliberales, sino al mismo magisterio que tuvo que ser sometido al humillante trato gremial gansteril y, desde luego, a los estudiantes que padecen una instrucción que no les concede la formación, las herramientas o los contenidos para la superación personal y la inclusión en un mundo cada vez más complejo, más exigente y demandante de destrezas, valores y actitudes particulares. La evaluación, lo que queda de ésta que es la prueba PISA, revela que la educación pública está en un franco deterioro y tiene uno de los más bajos niveles de calidad en el mundo.
En el juego del burlador burlado la mascota resultó respondona. El CNTE requiere de control del aparato educativo y de servicios sociales. No es la irrisoria demanda de incremento de 100% del salario lo que los mueve, sino que se consolide y formalice la entrega de la educación al interés de la organización. Para el CNTE es indispensable avanzar en tal sentido porque es el medio de control de la base magisterial.
El plano criminal no solo se manifiesta en la extorsión a las autoridades y en acciones que alteran el orden público. En Oaxaca ha sido práctica regular la ilegal afectación de vías públicas e instalaciones de interés público. No son sólo las autoridades las rehenes del activismo, sino las personas y, particularmente, los menores que ven negado su derecho a la educación. Al menos por ahora, la presidenta Sheinbaum, por la razón que sea, no ha cedido a la exigencia de un encuentro bajo sus propias condiciones.
