OAXACA DE JUÁREZ.— Un total de 33 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil presentaron un informe en el que denuncian que en Oaxaca existe una grave crisis de derechos humanos, en la que destaca el asesinato de personas defensoras y la criminalización de la protesta social.
⇒ El informe ‘Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca’ se emitió en el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos a la capital del estado, el pasado 9 de mayo, donde se expone un panorama preocupante en materia de violencia, salud, diversidad sexual y criminalización de la protesta social.
Según los denunciantes, en Oaxaca han sido asesinadas 58 personas defensoras, de las cuales 55 pertenecían a un pueblo indígena, es decir, el 95 por ciento; le siguen, Guerrero con el 39 por ciento de activistas asesinados en el país y Chiapas con el 17 por ciento.
“Los asesinatos de integrantes de comunidades es debido a la persistencia de conflictos agrarios, así como la oposición comunitaria a megaproyectos en sus terrenos ha traído consigo el desplazamiento forzado, la división del tejido social, los asesinatos y el amago de prisión de personas defensoras”.
Entre las problemáticas destacadas se encuentran los asesinatos por conflictos agrarios, las agresiones a defensores del territorio, el aumento de la violencia feminicida, la precariedad del sistema estatal de salud y las violaciones al derecho a la libre organización y a la participación ciudadana.
Se citaron diversos ejemplos de violaciones, como los homicidios de El Platanillo ocurridos el 13 de febrero pasado en contra de integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Wilfrido Atanacio Cristóbal, Victoriano Quirino Jiménez y Abraham Quirino Agustín.
O los procesos judiciales contra 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa, comunidades afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Los representantes de las organizaciones civiles exigieron justicia para las personas defensoras del territorio asesinadas y desaparecidas, la generación de un diseño institucional y presupuesto que pare la situación de inseguridad de las personas defensoras y la intervención inmediata de la Fiscalía de Oaxaca, entre otras demandas.
Neftalí Reyes Méndez, del Frente No a la Minería, declaró que el gobierno de Salomón Jara “simboliza una regresión en términos de derechos humanos” y que, en lugar de atender las denuncias, ha criminalizado a quienes exigen justicia y transparencia.
“Lo más grave —añadió— es que se utiliza el aparato gubernamental para deslegitimar a la sociedad civil, lo que pone en riesgo a quienes se atreven a señalar esta crisis”.
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AM.MX/dsc
