Fernando Irala
El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones de lo que se ha llamado el nuevo poder judicial.
En más de un siglo, no ha habido en la historia mexicana unos comicios más controvertidos que éstos, desde su origen hasta su culminación.
Como podemos recordar, la reforma que dio lugar al cese paulatino del actual poder judicial para sustituirlo por otro, fue originado en un pleito personal del expresidente López Obrador con la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
A mediados del anterior sexenio, como también podemos recordar, ya se había aprobado y puesto en vigor, una reforma elaborada por quien antes encabezó la corte, Arturo Zaldívar, a quien incluso el Senado le regaló una extensión de su mandato al que luego debió declinar, debido al ruido que se generó.
Pero el pleito con la señora Piña escaló transexenalmente, al grado de que una de las primeras reformas de la actual legislatura fue cavar la tumba del aún actuante poder judicial.
A partir de entonces, todo ha sido una sucesión de atropellos, triquiñuelas y anomalías que llevaría un largo espacio detallar.
En plazos exageradamente cortos, con presupuestos absolutamente insuficientes, ambas cosas protestadas por el Instituto Nacional Electoral, responsable de llevar a cabo la elección, ésta se efectuará como sea, como se pueda, como resulte.
Antes, hemos presenciado como los listados de aspirantes y candidatos se procesaron fuera de los plazos establecidos, con un Poder Judicial que se abstuvo de completar sus listas, que fueron suplantadas por unas desde el Legislativo.
Y aunque compite gente de toda laya, algunos experimentados y honorables, también se ha sabido de candidatos con antecedentes penales, ligados al crimen organizado, personajes impresentables.
Más en el fondo, la elección tropezará con el desconocimiento prácticamente absoluto por parte de los ciudadanos, del alcance de los cargos que se elegirán, de los candidatos que compiten y hasta de la manera de llenar correctamente las boletas.
La dificultad es tal que por primera vez en México en una elección de este alcance, los votos no se contarán en las casillas, por la sencilla razón de que los funcionarios que recibirán los votos se harían un embrollo tratando de sumar peras con manzanas.
Esto aumentará la desconfianza de los electores, lo que sumado a la ignorancia generalizada, llevará a un abstencionismo que los expertos ubican en más del noventa por ciento.
Quienes sí saldrán a votar son las huestes simpatizantes del partido en el poder, entre quienes ya circulan acordeones para que puedan sufragar por los candidatos afines, que conformarán un poder judicial subordinado al gobierno de la 4T.
Éste es el objetivo final del derribo y reconstrucción del poder judicial, que para presidirlo ya se apuntan las ministras que en el actual pleno se han distinguido por su escaso conocimiento jurídico, o por su historia de plagio de tesis.
Eso es lo que nos espera.
