Miguel Tirado Rasso
mitrasso@yahoo.com.mx
El empoderamiento que lograron
los cárteles, durante los abrazos del
pasado, obliga a sumar fuerzas para
tener éxito en el combate al crimen organizado.
El lunes pasado, el embajador norteamericano, Ronald Johnson, presentó, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, sus cartas credenciales, con lo que inicia su gestión diplomática, en nuestro país, quien fuera propuesto para el cargo por el Presidente Donald Trump el 10 de diciembre de 2024. Su nombramiento tuvo que pasar por la aprobación del senado estadounidense, ratificación que se dio el pasado 9 de abril en una cerrada votación, 49 votos a favor y 46 en contra.
Es corta la experiencia diplomática de este funcionario. De acuerdo a su historia laboral, se concreta con el cargo de embajador en El Salvador, de septiembre de 2019 a enero de 2021, durante el primer mandato de gobierno del Presidente Donald Trump. En el comunicado oficial, dado a conocer por el gobierno de EUA, se menciona que el funcionario es un general retirado, experto en temas de atención a refugiados, combate al narcotráfico y lucha contra el terrorismo. Además, de haber trabajado para el gobierno de EUA durante cuatro décadas, primero como oficial del ejército estadounidense y después como miembro de la comunidad de inteligencia (CIA).
La llegada del nuevo embajador se da en un contexto en el que el gobierno norteamericano ha endurecido su política fronteriza. Sólo en los últimos 30 días, habría varios hechos como muestra de lo anterior. En el mes de abril, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila fue detenido y sometido a un largo a un interrogatorio, cuando intentaba cruzar el puente internacional Brownsville-Matamoros. Por lo pronto, solo le revocaron su visa estadounidense. Al parecer las agencias estadounidenses, DEA y FBI, monitoreaban al alcalde por presuntos nexos con el Cártel del Golfo.
Unas semanas después, en el mismo cruce fronterizo, autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP), detuvieron a una funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Angélica Rodríguez, y a su pareja, a quienes les decomisaron 180 mil dólares que llevaban escondidos en el automóvil y ocultos bajo su vestimenta, y que pretendían ingresar a nuestro país. Los detenidos fueron puestos a disposición de oficiales de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Hace unos días, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que su visa estadounidense le había sido revocada por las autoridades norteamericanas. Previamente, se la habían retirado a su esposo, sin informar las causas, según su propia declaración. Al parecer, esta es la primera vez que a un gobernador o gobernadora en funciones le es retirada su visa. Misma situación de un alcalde en funciones.
También, en estos días, los medios dieron a conocer la información sobre el ingreso de17 familiares de los “chapitos” a los EUA, al parecer en una entrega pactada con agentes del FBI. Esto, tras la decisión de Ovidio Guzmán de aceptar su declaración de culpabilidad por narcotráfico, como parte de un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese país.
Un quinto evento, relacionado, asimismo, con el combate al narcotráfico, dado a conocer, en redes sociales, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), habría sido la causa de cierta incomodidad en Palacio Nacional. La información presumía el desmantelamiento de tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala, en el estado de Sinaloa, sin que quedara claro si en el operativo habían intervenido elementos de agencias norteamericanas, pues, en una foto publicada, aparecían agentes uniformados con emblemas del ICE.
Para despejar dudas, la embajada de los EUA habría publicado un comunicado precisando que en el operativo no había habido intervención alguna de agentes norteamericanos. Que las acciones habían sido encabezadas por un grupo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República, certificado por el ICE y la HSI. Sin embargo, acompañando a la aclaración, la embajada había vuelto a publicar la controversial foto, sin mayor explicación.
La molestia en Palacio Nacional, tenía que ver con la reiteración que ha hecho la Presidenta de que, ahora, ya no participan agentes norteamericanos en los operativos en nuestro país. Que si bien, se suelen realizar con reportes de inteligencia de EUA, los realizan exclusivamente autoridades mexicanas.
El tema no es menor, porque las presiones del norte son cada vez más fuertes. Trump insiste en querer enviar tropas militares para combatir a los cárteles y nuestro gobierno no admite la participación activa de agentes extranjeros en operativos. La intervención militar está descartada. Creo que nadie estaría de acuerdo con ella. Sin embargo, la colaboración entre agencias investigadoras, de uno y otro país, sobre reglas definidas, no debiera descartarse. El empoderamiento que lograron los cárteles, durante los abrazos del pasado, obliga a sumar fuerzas para tener éxito en el combate al crimen organizado.
