CIUDAD DE MÉXICO.- Una serie de comerciales masivos pagados por el gobierno de Estados Unidos, los cuales se transmitieron en México a través de Televisa, incluso en horario estelar, encendieron las alarmas. Estos anuncios formaron parte de una campaña antiinmigración impulsada por la administración de Donald Trump, con una inversión aproximada de 200 millones de dólares. La difusión de estos contenidos en medios mexicanos detonó una reacción inmediata desde el gobierno federal.
Como respuesta, el Ejecutivo presentó en el Senado una nueva ley de telecomunicaciones que busca prohibir la propaganda financiada por gobiernos extranjeros dentro del territorio nacional. La propuesta establece sanciones severas: multas de hasta el 5 % de los ingresos para quienes incumplan esta medida, sin precisar si serán mensuales o anuales.
Uno de los aspectos clave de la propuesta es el traspaso de competencias. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) asumiría el control sobre todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico, desplazando al actual Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones advirtió que esta concentración de poder podría violar compromisos del T-MEC. A pesar de ello, la ATDT tendría hasta finales de 2025 para presentar un plan de licitación de bandas para 5G, una tecnología en la que México todavía no tiene hoja de ruta definida.
Además, el proyecto reserva una parte del espectro para uso del Ejecutivo, lo que podría beneficiar a CFE Telecom y Altán Redes, empresas estratégicas en la expansión de conectividad nacional.
La legislación coloca en una posición delicada a Televisa, que opera en México con concesiones locales, pero también tiene vínculo directo con Univisión, la mayor emisora hispana en Estados Unidos. En este contexto, la empresa deberá ajustar sus contenidos para evitar sanciones y mantener sus operaciones dentro del marco legal mexicano.
Sin embargo, la iniciativa también levanta preocupaciones. Especialistas advierten que podría convertirse en una herramienta de censura, ya que permite cancelar concesiones por razones de “seguridad nacional”. Esto abre un amplio margen de interpretación que podría afectar la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
AM.MX/fm
