CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Francisco Daniel Barreda Pavón reconoció que la corrupción no sólo afecta al bienestar económico y social del país, sino que impacta especialmente a las mujeres y se manifiesta en formas específicas de discriminación, violencia institucional y desigualdad en el acceso a la justicia.
Al inaugurar el foro “Agenda anticorrupción con perspectiva de género”, el legislador de Movimiento Ciudadano destacó que la lucha contra la corrupción requiere un compromiso y colaboración entre todos los sectores de la sociedad y las autoridades de gobierno, ya que ninguna institución puede enfrentarse sola a este desafío.
Explicó que este encuentro surge de la necesidad de integrar una visión inclusiva y equitativa en las políticas, a través de un diálogo abierto y plural que permita identificar los retos particulares que enfrentan las mujeres frente a este fenómeno y diseñar soluciones integrales y efectivas que garanticen no solo la reducción de la corrupción, sino también la construcción de instituciones públicas más justas y equitativas.
“Para abordar la corrupción desde esta perspectiva, buscamos garantizar que las políticas públicas sean verdaderamente representativas, inclusivas y efectivas, asegurando que nadie se quede atrás de este esfuerzo político”, agregó.
En este sentido, el legislador manifestó su compromiso, como presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, de promover leyes, políticas y acciones que implementen plenamente la perspectiva de género y el combate a la corrupción.
Por su parte, Blanca Patricia Talavera Torres, comisionada de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mencionó que la corrupción afecta de manera diferenciada a hombres ya mujeres, especialmente en el acceso a la justicia, por lo que es necesario promover mejoras en las políticas públicas sobre esta materia, en donde se fomenta más el humanismo y el enfoque diferenciado con razón de género, a fin de logar un México donde la igualdad sustantiva sea una realidad.
En su oportunidad, María Elisa Vera Madrigal, titular jurídica de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, aseguró que las mujeres son orilladas, con mayor frecuencia que los hombres, a pagar sobornos, incluyendo favores sexuales, con tal de recibir oportunidades de trabajo o servicios de salud y educación pública.
Reveló que una de cada cinco mujeres ha experimentado extorsión sexual o conoce a alguien que la haya padecido, por lo que se pronunció por establecer tipos penales que permitan sancionar conductas relacionadas con hechos de corrupción que perjudican a las mujeres por su condición de género, por ejemplo, el peculado sexual.
“Sin leyes donde se identifiquen estas conductas, no siempre hay mucho que podamos hacer desde la procuración de justicia”, agregó.
En tanto, María Guadalupe Juárez Hernández, directora general de Instrumentos de Política Nacional de Igualdad de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende crear políticas públicas que reconozcan la igualdad de género y asumir el compromiso para que el gobierno y las instituciones ya no sean parte de la cadena de la corrupción; De esa manera, si se condiciona una acción, se aplica la ley con todo el rigor.
Finalmente, Arturo Serrano Meneses, titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, aceptó que la desigualdad de género no sólo es una consecuencia de sistemas sociales inequitativos, sino que también se convierte en un factor que contribuye al fortalecimiento de redes de corrupción.
“Así pues, la corrupción se encuentra estrechamente ligada a la impunidad, y es que la ausencia de sanciones frente a actos ilícitos permite que las mismas conductas se repitan, que se institucionalicen, y peor aún, que quienes ostentan el poder no enfrenten consecuencias. Este sitio perpetuo, mina la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho”, opinó.
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