El voto no se compra (en EU)

Federico Berrueto
La elección de un juez en Wisconsin, EU, este pasado martes ilustra los límites del dinero en las elecciones. El hombre más rico del mundo y virtual copresidente del país más poderoso del mundo, Elon Musk, se fijó el propósito de ganar una elección menor, pero con relevancia en el mapa político local. El partido que ganara esa elección de un juez local definiría el equilibrio en el poder judicial estatal, con implicaciones importantes para la agenda judicial y en un tema crucial electoralmente: impedir el llamado gerrymandering, que se refiere a la práctica de redefinir los distritos electorales para ganar ventaja, dispersando territorialmente a los electores opositores.
Musk hizo de todo. Invirtió cuanto dinero pudo en la campaña; se hizo presente, a través de su red social tuvo un protagonismo inédito para un financiador; recurrió a la compra de voluntades con rifas y estímulos al registro de electores y al voto en las zonas afines a su candidato. En pocas palabras, la elección se volvió un referéndum hacia Musk/Trump, con una inversión sin precedente. El gasto electoral para esa elección fue 30 % mayor al de la elección general en el Reino Unido. El intento de comprar a los electores fue obsceno.
Aleccionador el resultado contrario a Musk. La candidata ganadora, con 55 %, la magistrada Susan Crawford, publicó en la red social del potentado: “Esta noche, los habitantes de Wisconsin se pusieron de pie y dijeron en voz alta que la justicia no tiene precio: nuestros tribunales no están en venta”, aseguró la candidata a minutos de concluida la elección. Wisconsin es de los llamados estados bisagra, en el que prevaleció Trump. El resultado es emblemático de los nuevos términos del ambiente social por las políticas presidenciales. Nada semejante a México.
Trump y su movimiento, con el apoyo de poderosas personalidades como Musk, tienen la determinación de cambiar al mundo y a la democracia norteamericana. El presidente ha amagado con reelegirse, situación que requeriría un cambio a la Constitución; algo imposible. También ha insistido en imponer a los estados restricciones para el registro de electores, situación todavía no resuelta. De cualquier manera, la situación anticipa una elección menor, donde la resaca de la elección presidencial no favorece la visión de Trump. Pronto, de continuar el rechazo al presidente, habrá fisuras en el Partido Republicano y en la coalición que lo sostiene, sobre todo si se perfila una recesión por los efectos de su política económica y los aranceles generalizados anunciados ayer 2 de abril.
La democracia genera los anticuerpos para resistir la embestida autoritaria. Y no solo son los mercados —que, finalmente, operan bajo una lógica fundamentalmente económica—, sino el conjunto del sistema y, más valiosa aún, la postura mayoritaria de la sociedad, que por el momento desaprueba a Trump. La libertad de expresión y la oposición demócrata juegan un papel crucial. Envidia de la buena.
Por la elección popular de juzgadores, México está viviendo el proceso más pernicioso en tres planos: el político, el económico y el del Estado de derecho. Políticamente, se acaba con el equilibrio de poderes de la Unión. Después de 30 años, la Corte regresa a su condición de sometimiento y queda sujeta a la consigna de quien gobierne. La independencia judicial, indispensable para la justicia, deja de existir. Los candidatos, en su abrumadora mayoría, no responden a la calidad que requiere la función, además del manoseo político por parte del gobierno y su partido. Los cargos los decidirá quien pueda movilizar votantes, es decir, Morena. Un escándalo y una tragedia para el país.
Una de las razones más poderosas para la certeza jurídica es la imparcialidad de los tribunales. Eso se acabó, y afecta, desde luego, a todos los ciudadanos y a los negocios, al ver condiciones de incertidumbre jurídica. Algunos dicen que se acabará con la inversión. No es tal: invertirán los que puedan tener seguridad a partir de su relación privilegiada con el poder, con las distorsiones económicas y la corrupción implícitas.
Con el nuevo poder judicial no habrá manera de asegurar la constitucionalidad de los actos de autoridad ni de las decisiones del Congreso, de implicaciones esenciales en el régimen democrático y republicano. Trump ha tenido que encarar las determinaciones de los jueces por decisiones ilegales o inconstitucionales. Aquí no sucede, y con la elección de ministros, magistrados y jueces sometidos al gobierno por el origen de su encargo, se plantea el peor de los escenarios posibles en toda la historia del país.