Federico Berrueto
Nadie debiera darse por sorprendido al ver los resultados del reporte 2024 sobre la percepción de corrupción que realiza Transparencia Internacional y que ubica a México no sólo en los peores lugares de su ranking mundial, sino en deterioro, acentuado en los últimos años. El resultado contradice al régimen y es una llamada de atención al conjunto del país.
Toda solución a un problema empieza por reconocerlo. Peña Nieto lo hizo, pero no de la mejor manera al invocar su origen cultural. Despertó la indignación porque sus palabras fueron entendidas como complacencia o herencia maldita sobre la que nada hay que hacer. Esta tesis sugiere que corruptos nacimos, crecimos y así seguiremos. Esta idea no podía venir de un mandatario con una reputación tan descompuesta.
La indignación por la venalidad fue una de las razones que llevaron al poder a López Obrador; el descontento fue de tal magnitud que su triunfo se acompañó de una sólida mayoría en el Congreso. El presidente tenía el mandato, liderazgo, fuerza institucional y el acompañamiento de la sociedad para emprender un cambio que diera curso a una nueva realidad. No fue así porque se politizó, porque la lucha contra la corrupción fue un ardid para prevalecer e imponerse a todos, un recurso para minar al adversario y recrear la impunidad hacia los propios. Además, se colonizaron, anularon o destruyeron las instituciones que tenían que ver con la contención o sanción a la venalidad. Todos entendieron el juego, para los de casa gracia, para los de enfrente, persecución y descrédito.
Debe destacarse que el índice de Transparencia es de percepción, no es una medición específica de los actos o conducta corruptos. De cualquier manera, sus resultados se convalidan al ser una metodología común en los 180 países donde se aplica. México es el peor calificado en la OCDE y uno de los peores de Latinoamérica. Los datos representan una abrumadora evidencia de que el país es uno de los más corruptos, a la vez que el régimen afirma lo contrario y a partir de la elección de juzgadores presume ser el país más democrático de la tierra.
Es preciso destacar que muchos de los rubros de medición de la corrupción que realiza Transparencia no se aplican a decisiones o actos del gobierno nacional, la mayoría refieren al ámbito local, a cargo de autoridades municipales y estatales. Para efectos prácticos la situación es la misma, Morena gobierna 24 de las entidades y la mayoría de los municipios más poblados.
La corrupción en México persiste y no sólo eso, ha evolucionado y adaptado a las nuevas circunstancias. Los grandes empresarios son los beneficiarios del nuevo estado de cosas, a ellos se suma una nueva clase que se ha enriquecido a partir de la discrecionalidad en la asignación de contratos de servicios y obra pública. La pérdida de transparencia propicia corrupción y que la licitación o concurso para seleccionar proveedores se haya pervertido o desaparecido.
La mayor derrota para combatir la corrupción la representa el cinismo, cuando se miente abiertamente sobre logros inexistentes, falsedad que se asocia a objetivos políticos o existe impunidad a quien incurre en una conducta corrupta por razones de afinidad política. Así, la corrupción adquiere carta abierta frente a la ausencia de sanción legal. La sanción social casi siempre corre a cuenta de los medios y de las organizaciones de la sociedad civil, ambos han sido descalificados por el régimen y difícilmente tienen la fuerza de denuncia para imponer un cambio.
La impunidad prevalece y el deterioro institucional conduce al peor de los destinos, como se corrobora con el aumento en la presencia del crimen organizado en gobiernos locales y municipales, y la colusión con algunas autoridades federales. La lucha contra la impunidad es la madre de todas las batallas, tarea de todos en todos los frentes. El problema es que la denuncia, un recurso indispensable, desalentada por la indolencia y en ocasiones la persecución desde el poder. El Estado debe combatir la corrupción con la ley en la mano, situación complicada por el deterioro o desaparición de las instituciones responsables en su prevención, denuncia y sanción.
El reporte de Transparencia Internacional no deja de plantear una dolorosa paradoja: el régimen que ganó el poder con el mandato popular de combatir la corrupción haya llevado al país a una situación todavía peor… quizá por largo tiempo.