Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Es un error descomunal considerar a la
Suprema Corte enemiga del gobierno
por emitir resoluciones desfavorables
a las iniciativas de ley del Ejecutivo.
Resulta que, del Águila Mocha de la Presidencia de Vicente Fox, ahora enfrentamos una Soberanía Mermada, en este segundo piso del gobierno de la 4T. Y es que, así como al primer presidente de la alternancia democrática se le ocurrió modificar el escudo nacional, recortándolo para usarlo como logotipo, recién, en una ceremonia republicana, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió celebrar el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin incluir al Poder Judicial de la Federación (PJF). La Corte no está invitada. Van a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, anunció.
La titular del Ejecutivo aceptó y asumió, entre los legados que le heredó su antecesor, el pleito con el PJF. En particular con la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña que adquirió dimensiones inimaginables al grado de llegar hasta la demolición del Poder Judicial a través de una reforma Constitucional para sustituir, en su totalidad, Ministros, Magistrados y Jueces, por nuevos juzgadores “elegidos” por el voto popular.
El de Macuspana, nunca le perdonó a la ministra Piña que, entre ser sumisa, servil e incondicional del Ejecutivo o defender la división de poderes, ejercer su autonomía y cumplir con la responsabilidad de su cargo, hubiera optado por lo segundo, lo que la llevó a tener enfrentamientos con el Ejecutivo al convertirse en un freno legal a sus propósitos reformistas, ante la deficiencia y errores de iniciativas claramente violatorias a la Constitución y múltiples vicios en el procedimiento legislativo.
Para AMLO, no muy afecto a respetar el Estado de Derecho (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”), ni la división de poderes y menos su autonomía, toda resolución condenatoria a sus iniciativas de reforma, por razones de inconstitucionalidad, eran interpretadas como una embestida contra su programa político y un desafío a su investidura presidencial. El tabasqueño esperaba que la ministra Piña asumiera la actitud obsecuente de los legisladores del Congreso y que ignorara la aplicación de la ley en beneficio de sus reformas. Al no ocurrir esto, la consideró como una enemiga de su gobierno.
Los desencuentros entre Ejecutivo y Corte han continuado en la nueva fase del segundo piso de la 4T. Al estilo cuatroteísta y, como ocurría antes, las reformas de Palacio Nacional tienen que aprobarse como van, sin modificarles ni una coma, lo que significa que no importa si en el fondo o en el proceso legislativo se incurre en violaciones a la Constitución. Y, si en el pasado reciente, venían con errores de constitucionalidad, en la actual Legislatura, estos se multiplicaron ante la necedad de una premura innecesaria por aprobar, precipitadamente, las iniciativas de Palacio. Esto solo podría explicarse por una insana necesidad de tratar de quedar bien con la Titular del Ejecutivo y con el que propuso las reformas.
Al igual que en el gobierno de López Obrador, ahora las resoluciones judiciales que no favorecen a estos proyectos se les considera ataques y hasta faltas de respeto al Poder Ejecutivo, negándose a reconocer que, con sus sentencias, la Corte sólo cumple con su función. Habrá que recordar que la principal función de este Tribunal “es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución…” Ni más ni menos.
Cuando se le preguntó a la Jefa del Ejecutivo por qué no se había invitado a la presidente de la SCJN, Norma Piña, a la ceremonia del aniversario de la Constitución, la Mandataria de contestó “Es obvio, ¿no?” para agregar más adelante, “Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto…La Corte debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo y debe respetar la Constitución…”
El artículo 49 de nuestra Carta Magna, establece que, el Judicial, constituye uno de los tres poderes en que se divide el Supremo Poder de la Federación, para su ejercicio. Los otros dos poderes son el Ejecutivo y el Legislativo. Además, en este precepto se indica que: “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo…”
Nuestra Constitución establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.” (Art 39); que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal…” (Art. 40), y que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos…” (Art. 41).
Es un error descomunal, considerar a la Suprema Corte enemiga del gobierno por emitir resoluciones desfavorables a las iniciativas de ley del Ejecutivo. Y peor aún, suponer que esto significa una falta de respeto. La división de poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial se estableció, precisamente, como una necesidad para evitar la concentración de poder en una sola parte del gobierno; como una fórmula de contrapesos, para evitar los excesos de poder. Nada de enemigos u oposición.
