Federico Berrueto
La reforma judicial se perfila como el mayor de los fracasos. Su planteamiento de origen es discutible; la democratización en la designación y promoción de juzgadores no es fórmula idónea para una buena justicia porque se comprometen la autonomía e independencia del designado, además, criterios como popularidad, representatividad o aceptación son ajenos al quehacer judicial. En la selección de jueces se trata de cumplir con idoneidad, capacidad y especialidad, nada de eso se resuelve o garantiza con la democratización de la designación.
El INE no ha contado con el apoyo de los promotores de la reforma; tiempos y recursos se definen a partir de criterios políticos, no para asegurar un proceso electoral consistente con los estándares de los comicios constitucionales para elegir autoridades y legisladores. Asimismo, la selección inicial de los prospectos candidatos con la excepción del poder judicial federal, revela la ausencia de consideraciones que aseguren la calidad y atributos idóneos para ser un juzgador a la altura de la responsabilidad.
El INE ha acusado recibo de las determinaciones de la autoridad y de la Cámara de Diputados, resolviendo reducir entre 40% y 50% los centros de votación a pesar de que concede que el tiempo promedio que le llevará a un ciudadano sufragar es de 9 minutos. Todo esto tiene un impacto, no efecto sino supuesto para controlar el proceso de designación: una muy reducida participación electoral. Elegir ministros de la Corte, magistrados y jueces no tiene el mismo trato electoral que cualquier otra autoridad, como si fueran de segunda o tercera clase.
El gobierno está entrampado en el falso argumento del ahorro; demanda y exige austeridad en unas elecciones inéditas, complejas y ahora degradadas por determinación del régimen. El objetivo fue eliminar la función de control constitucional al gobierno y de paso humillar al poder que se atrevió a cumplir su responsabilidad frente a las pulsiones autocráticas del presidente López Obrador.
Si hay una expresión para calificar la elección es que se trata de una farsa, de un deliberado engaño que se pretende desde ahora naturalizar como algo “normal”, utilizando dos referentes que son expresión de fracaso: la participación en la consulta popular pasada y en el proceso de revocación de mandato. Sin ningún empacho ni vergüenza la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei refiere en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la participación esperada es entre 8% y 15%. No está por demás señalar que el padrón de MORENA en proceso de construcción coincide con tales números.
Esto significa que la elección democrática será subvertido por el clientelismo electoral. Por eso para el régimen es imprescindible, desde ahora, naturalizar en la opinión pública como normal la baja participación. Debe destacarse en la revocación de mandato para que sus resultados tengan validez o, como suele decirse, efectos vinculatorios, la concurrencia a las urnas debe ser 40% del padrón. La presidenta del INE omite este dato crucial y prefiere recurrir a cifras de procesos fallidos, porque voluntaria o involuntariamente participa de la farsa implícita en la elección, a grado tal que desliza la tesis de que al ser un proceso de mayoría relativa no importa la participación. Nada tiene que ver la mayoría relativa; se trata de que la voluntad mayoritaria será suplantada por una muy reducida minoría, muy afín, a quienes pueden movilizar al votante: el dinero y las maquinarias partidistas electorales, para efectos prácticos, en lo primero, los recursos públicos y, en lo segundo, el partido gobernante.
El problema no es el INE, más tiempo o más dinero no resolverían las deficiencias del proceso. La elección misma está plagada de irregularidades o de procesos fallidos como es la selección de aspirantes. Salvador Camarena este viernes en El Financiero da cuenta de la farsa de las entrevistas de las propuestas para el poder legislativo. No hay posibilidad de que los responsables puedan verificar la idoneidad de los candidatos; como la tómbola, en el mejor de los casos lo fortuito será lo que prevalezca, el buen juzgador será accidente.
La pérdida de un poder judicial federal razonablemente confiable es uno de los problemas más serios para el futuro del país. López Obrador resolvió cancelar el proyecto del hub aeroportuario de Texcoco, error costoso hasta estos días. La presidenta Sheinbaum corre la misma suerte con la elección democrática de juzgadores, aunque con consecuencias todavía mayores. Decisiones fatídicas porque se hacen a partir de la lógica del poder. Por ahora, la tarea es naturalizar la farsa.
