Combatir al crimen

Federico Berrueto
El crimen no se acaba, se abate, se reduce. Toda sociedad convive con conductas antisociales. El problema es cuando por la impunidad las actividades delictivas se vuelven regulares, premiadas por la ausencia de sanción y normalizadas ante la impotencia de la sociedad. El delincuente, en cualquiera de sus expresiones, carece de contención al no haber justicia que enfrente sus aviesas acciones. Los mexicanos de siempre han tenido una relación complicada con la legalidad, le tienen reservas a la ley y a la justicia le temen no por incertidumbre, sino porque puede ser desviada por el dinero, la incompetencia o la influencia política, hay sobrada memoria histórica de ello, casi siempre en el ámbito local.
México ha llegado a extremos de impunidad. La indignación social no sanciona al mal gobierno. Hay espacios de oportunidad debido a lo mucho por hacer con resultados razonablemente prontos. La llamada justicia cotidiana es uno de ellos. Primero habría que diferenciar los planos de la criminalidad para centrar la atención en las áreas que con mayor facilidad se pueden alcanzar mejores resultados desde el punto de vista de las víctimas. No ha habido claridad y se ataca lo visible, a su vez, más complicado y difícil. Combatir al crimen organizado no es fácil porque su lógica es global y es esencialmente un negocio con grandes incentivos y beneficios.
Error creer que la solución está en los tribunales, que una buena justica acabará con el crimen. Así lo propuso López Obrador y los suyos, ahora con la capacidad de cambiar a contentillo la Constitución. Han resuelto destruir la parte más sana del sistema de justicia, un error mayúsculo y ampliar la prisión discrecional, sin intervención de juez. El problema y la solución está en otra parte, en la base, en frenar que las personas se aparten de la ley sin encarar las consecuencias.
En materia penal los problemas mayores están en las policías de proximidad que han perdido capacidad para prevenir o contener la amenaza de la criminalidad. Es complicado porque los municipios están en bancarrota y muchos padecen la corrupción y la descomposición institucional. Los que lo han hecho bien -casos numerosos- son retribuidos con una baja criminalidad, incluso transitado de extrema violencia a una relativa paz social. Prevenir y vigilar no basta, de una manera la participación social es indispensable; la escuela, la iglesia, el hospital, los gremios y la sociedad civil organizada que pueden coadyuvar. Todo esto es posible si la denuncia es atendida con sensibilidad, respeto y eficacia, tarea que no está en los jueces, sino en las fiscalías, en las áreas de investigación criminal. Es un hecho que las víctimas en la atención de su agravio casi siempre deben padecer un tortuoso y, a veces, aterrador proceso que con frecuencia lleva a la revictimización.
La reforma judicial del obradorismo no conduce a la solución; al contrario, el problema se acentuará, no sólo por la consecuente pérdida de independencia y autonomía de los juzgadores o la destrucción de la carrera judicial y el reconocimiento al mérito o la capacidad en la asignación de cargos o su promoción. El problema crecerá porque no atendió el lugar de mayor gravedad. El diseño de la reforma es para ampliar el poder del gobierno frente a todos y frenar el poder de contención de los juzgadores frente a la arbitrariedad del gobernante o de quien controle el proceso legislativo. La reforma debió ir a lo básico, a lo social, a lo que afecta al ciudadano día con día, a las querellas que son parte de la vida cotidiana, sin descuidar la necesidad de dignificar el trato que merecen las víctimas ante la desgracia, más cuando es por ausencia de autoridad.
Alentador el cambio en materia de seguridad con el nuevo gobierno, como decepcionante se diera curso a una reforma judicial de previsible resultado negativo. Sin embargo, siempre habrá espacio para mejorar lo que existe y ante una redefinición para privilegiar lo local y centrar allí la atención, mejores resultados se obtendrían. Urgente porque por el crecimiento del crimen organizado, la delincuencia se ha ido apropiando de los poderes municipales, asunto que es indispensable encarar como parece ser la operación Enjambre, en el centro del país.
Queda claro que localmente está buena parte de la solución. Las entidades del país procederán a su reforma de justicia; ocasión para ampliar el espectro del cambio y atender lo que más afecta al ciudadano y a las víctimas.