Ciudad de México.- En una decisión clave para fortalecer la seguridad en la capital, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal local en materia de extorsión. Las modificaciones provienen de tres iniciativas impulsadas por la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
El presidente de la comisión dictaminadora, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), destacó que el dictamen fue enriquecido con observaciones para abordar las necesidades de la ciudadanía.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) subrayó que el dictamen aborda tres áreas fundamentales: cobranza ilegítima, cobro de piso y fraudes tecnológicos, destacando que esta medida es un paso significativo hacia la justicia para los capitalinos.
Por su parte, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) enfatizó la importancia de convertir la extorsión en un delito grave, ya que no solo afecta directamente a las víctimas, sino también a la economía de la ciudad.
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) destacó que el dictamen reúne perspectivas diversas con un mismo objetivo: combatir delitos que violan la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia.
En línea con esta visión, la iniciativa de la jefa de Gobierno plantea que el impacto del delito de extorsión sobre la dignidad y la integridad de las personas exige un enfoque integral. El dictamen aprobado contempla reformas al artículo 253, adición de los artículos 148 quater, 148 quinquies y 163, y derogación de los artículos 209 y 236 del Código Penal para el Distrito Federal.
Estas modificaciones buscan atacar prácticas como el cobro de piso, el fraude telefónico, la extorsión digital y el robo de identidad, delitos que han crecido alarmantemente en los últimos años. Las iniciativas coinciden en que estos actos no solo afectan los bienes materiales, sino que generan desequilibrio físico y psicológico en las víctimas, extendiendo su impacto más allá del delito mismo.
Con esta aprobación, el Congreso de la Ciudad de México refuerza su compromiso de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, al tiempo que busca disminuir los índices delictivos y restaurar la confianza en las instituciones.
AM.MX/CV
