ALEJANDRA MUNGUÍA CAMBRÁN
⦁ EN MÉXICO NI LA SEGURIDAD NACIONAL ESTÁ SEGURA. Neta es de suma gravedad que con la mano en la cintura (claro para la gente que sabe hacerlo porque yo aunque quisiera), con o sin apoyo de gente dentro, se pueda hackear una base de datos tan importante como la Consejería Jurídica Federal, ahora que no ha sido la primera vez que el gobierno mexicano ha sufrido algo así. Desde el sexenio pasado se realizaron varios hackeos que impactaron a diversas dependencias. Es el resultado de su mal entendida política de austeridad que, definitivamente, es factor para aumentar la vulnerabilidad de las oficinas gubernamentales. Este recorte en presupuestos y falta de atención en materia de ciber seguridad, pone en riesgo no solo la seguridad nacional, sino también a los ciudadanos y ahora que no existe el INAE nadie protegerá los datos personales de los ciudadanos y, si lo van a hacer como a la Consejería Jurídica (hackeada el pasado 15 de noviembre), por ejemplo, estamos en el hoyo y cavando. RansomHub, es el grupo cibercriminal que presuntamente pirateo los datos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México. Claro que no estuvieron solos en ello, para hacerlo debieron haber recibido ayuda de empleados o exempleados de dicha oficina, quienes fueron los que proporcionaron las credenciales y contraseñas a los hackers, o bien, esas mismas pudieron haber sido obtenidas por negligencia de un funcionario o exfuncionario con el robo de información altamente confidencia, por lo que ni la seguridad nacional está segura en este país. La pregunta ahora será ¿copy-paste cederá a las peticiones económicas del grupo para no revelar la información obtenida? Mientras son peras o manzanas, lo sucedido es muy pero muy grave no solo por la vulneración tan delicada a información que ya tienen en su poder, sino también porque el sitio web del gobierno ha sido ultrajado oficialmente y esto es la entrada para que violen otras dependencias federales.
⦁ NO ES LA PRIMERA Y SEGURO TAMPOCO LA ÚLTIMA. El gran escándalo del año que está por terminar fue la filtración de datos personales de casi 263 periodistas, un robo realizado con una cuenta de un exempleado desde España, según reconoció el mismo gobierno de Andrés. Fue un chismarrajo no sólo por la magnitud y el alcance, sino también por el tratamiento que le dio el propio presidente, al exhibir sin criterio (bueno nunca lo tuvo) información sensible de algunas personas del gremio. A finales de enero de 2024, la consultora de seguridad Silikn reveló que se filtró una base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, que incluía pasaportes, identificaciones, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), direcciones y teléfonos. Pero hubo más como al Portal del Empleo, de donde se robaron la información de 12 millones de mexicanos, los cuales fueron puestos en venta. Anteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también sufrió un ataque, pero en esa ocasión fue por un robo cometido por cibercriminales de Rusia, China, Estados Unidos y Corea del Norte. Un año antes, el ataque de Guacamaya Leaks, considerado como el mayor ciberataque en la historia del país pues filtró miles de documentos confidenciales sin testar. Pemex también está en esta lista, las Secretarías de Economía, de la Función Pública, Condusef, el SAT, Banxico y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, principalmente.
