Luis Alberto García / Pátzcuaro, Mich.
*Era el jefe de bienes comunales de Zicuicho.
*Dirigente defensor de los bosques purhépechas.
*Le dispararon mientras viajaba rumbo a su casa.
*Muerto la madrugada del 22 de febrero de 2024.
*México es letal y peligroso por las agresiones.
Las autoridades de Michoacán informaron que un grupo de sicarios pagados por talamontes asesinó a Alfredo Cisneros Madrigal, líder de la etnia purhépecha y respetado defensor de los bosques y los territorios de una vasta región de ese estado del occidente de México.
La Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que Cisneros se desempeñaba como jefe de bienes comunales del poblado purhépecha de Zicuicho, en el municipio de Los Reyes, asesinado a balazos la noche del lunes 21 de febrero, de 2024 cuando se trasladaba a su casa en Zicuicho.
Según testigos, informaron las autoridades, los agresores fueron varios hombres armados que se dieron a la fuga en un vehículo, y por tal motivo habitantes de diversas comunidades de la Meseta Purhépecha -la principal zona indígena de Michoacán- bloquearon tres puntos de la carretera que une Los Reyes con el municipio de Uruapan, para el esclarecimiento del crimen.
Fueron los familiares de Alfredo Cisneros quienes confirmaron el crimen; sin embargo, no ahondaron en detalles sobre el asesinato.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a más de sesenta comunidades purhépechas, nahuas, otomíes y mazahuas, informó que Cisneros fue un defensor incansable de los bosques de Michoacán.
Representantes e las comunidades indígenas exigieron la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, tras el asesinato de Cisneros Madrigal, también integrantes del CSIM (Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que precisó que el líder indígena había planteado denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El motivo de éstas obedeció a la tala ilegal de zonas forestales de pino, para el cambio de uso de suelo y siembra de árboles de aguacate, hay que añadir que Cisneros había tomado el cargo pocos meses antes, cuando fue seleccionado por el voto unánime de la comunidad.
Asimismo, el CSIM también denunció que, en las últimas dos décadas, en Michoacán se contabilizan alrededor de setenta asesinatos o desapariciones de activistas sociales, defensores de bosques, autoridades indígenas y ambientalistas.
La Fiscalía del Estado no determinó el móvil del crimen, ni la identidad de los responsables, por lo que se mantenían abiertas varias líneas de investigación.
De acuerdo con el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness, América Latina concentró las tres cuartas partes de los crímenes cometidos en 2023, con una cifra de 200 activistas asesinados en el mundo.
Si bien hubo una disminución respecto a 2020 -cuando se registraron 227-, México se colocó en el primer lugar con el mayor número de asesinatos contra defensores ambientales, superando a Colombia y Brasil.
Según cifras de la ONG, en México se reportaron al menos 54 ambientalistas asesinados o desaparecidos en 2022, un aumento de 30 casos si se compara con el año anterior, y de ese total más del 40% pertenecían a comunidades indígenas y más de un tercio fueron desapariciones forzadas.
Derivado del informe, México se convirtió en uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente en los últimos diez años, periodo en el que se han contabilizado alrededor de 154 asesinatos, la mayoría de ellos ocurridos entre 2017 y 2021.
La mayor parte de las agresiones tiene que ver con conflictos de la tierra y la minería (al menos 15 ataques estuvieron ligados a este sector), toda vez que Oaxaca y Sonora concentraron el mayor número de casos, estados donde hay inversiones mineras a las que los pobladores se oponen por las repercusiones en su hábitat.
De los 32 estados de la República, en solo diez se registraron desapariciones o asesinatos contra ambientalistas, y se consignó que la entidad más letal para los activistas fue Oaxaca, con 18 casos, seguido de Sinaloa con 14.
El resto fueron Chiapas (7), Guerrero (7), Morelos (3), Colima (1), Jalisco (1), Campeche (1), Hidalgo (1) y Zacatecas (1), en actos delictivos que ponen en evidencia que México es una nación letal y peligrosa para las protestas independientes.
