Por José Cruz Delgado
La reforma al poder judicial en Michoacán ha encendido alarmas en todo el estado. Lo que parecía ser un paso hacia la modernización del sistema judicial se ha convertido en una maniobra política orquestada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para consolidar su control y beneficiar sus intereses personales.
Esta reforma, a medias y apresurada, ha sido impulsada con una preocupante falta de debate y análisis, lo que genera serias dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de los cambios.
Los legisladores de Morena, quienes llevaron la reforma al Congreso, actuaron bajo una urgente presión política. Fuentes cercanas aseguran que su principal objetivo no era mejorar la justicia en Michoacán, sino asegurar la aprobación del gobernador Ramírez Bedolla y, de paso, conseguir el visto bueno de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.
Esta reforma fue más un movimiento para ganar puntos en las altas esferas del poder que un esfuerzo genuino por resolver los problemas judiciales del estado.
El proceso para aprobar la reforma fue tan veloz que dejó a un lado cualquier discusión seria sobre sus implicaciones. Críticos de diversos sectores han señalado que, en lugar de fortalecer la independencia judicial, los cambios aprobados concentran aún más poder en manos del gobernador, debilitando las instituciones que deberían actuar de manera autónoma. Esta peligrosa concentración de poder representa una amenaza para el sistema democrático y la justicia en Michoacán.
La reforma parece ser parte de un plan mayor de Ramírez Bedolla para asegurarse el respaldo de Morena y la protección política de Sheinbaum, con el objetivo de mantener su control sobre el estado y proyectar su influencia en el ámbito nacional. La instrumentalización de la justicia para fines personales es una grave señal de que la democracia en Michoacán está en riesgo.
Los defensores de la reforma sostienen que estos cambios eran necesarios para modernizar el sistema judicial, pero los opositores advierten que la rapidez con la que fue aprobada, sin una consulta adecuada ni un debate profundo, deja la puerta abierta a graves consecuencias.
Se teme que esta reforma sea solo el primer paso en un plan más amplio para erosionar la independencia de los poderes y someter a Michoacán a un gobierno autoritario disfrazado de reformas progresistas.
En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones del estado, la reforma judicial parece ser el golpe definitivo que consolidará el control de Ramírez Bedolla sobre el poder en Michoacán.
Si no se toman medidas para frenar esta concentración de poder, el futuro de la justicia en el estado podría estar en peligro. Los ciudadanos de Michoacán deben estar alerta ante lo que se perfila como un oscuro capítulo en la historia política de la entidad, donde los intereses personales del gobernador prevalecen sobre los principios de justicia y democracia.
La aprobación de esta reforma no solo es un ataque al poder judicial, sino una advertencia de que el camino hacia el autoritarismo está siendo pavimentado con decisiones que, aunque aparentan ser avances, esconden intenciones peligrosas.
Michoacán se encuentra en una encrucijada, y el futuro de su justicia pende de un hilo bajo la sombra de Ramírez Bedolla y la mirada cómplice de la presidenta Claudia Sheinbaum.”
