Teresa Gil
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La traición a la patria si entra cuando se viola con dolo la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no caerá en esos extremos, pero hasta la propia ONU confiere protocolos, cuando el mecanismo de la defensa es imperioso. Es el caso actual sobre la reforma electoral. Y en momentos climáticos ante la actitud de ocho ministros comandados por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), doña Piña, el legislador ha sido tajante. Pese a los bamboleos judiciales, la decisión nunca dejó de ser clara: la elección de jueces va y la convocatoria de elecciones se publicará el próximo 16 de octubre. Mientras la jefatura de la SCJN se mueve incesante para buscar recursos que impidan la elección de los juzgadores, la confianza que atañe al Legislativo por la legalidad de la reforma constitucional realizada, se expresa también en el poder ejecutivo, cuya titular ratifica la elección de los togados. Si el ejecutivo y el legislativo son electos por voto popular, ha señalado, los que juzgan y aplican justicia deben seguir el mismo camino. Todo juzgador debe pasar por las urnas. La decisión ya definitiva se hará pese a que la Corte, en una de sus maniobras, ha retardado la lista de servidores y de plazas y todo lo que ello implica y busca la forma de retardar los tiempos, para cercar a la ley.
MINISTROS TODAVÍA ESTÁN A TIEMPO DE DE IMPEDIR CAUSAS MAYORES
Ante lo que está pasando la sospecha llega a la ciudadanía, de que casos tan notorios como éste se hayan realizado en otros momentos y no lo hayamos sabido. La forma tan oscura como se ha movido la actual presidencia de la SCJN, hace pensar que a casos complicados se hayan dado soluciones anticonstitucionales, algunos quizá en favor de gobiernos anteriores. El caso Cassez ya mencionado varias veces pudo ser uno de ellos, pero muchos más a los que a los gobiernos les interesaba resolver pueden entrar en violaciones graves a la Constitución (Porrúa 2023), sin que el ciudadano supiera lo que estaba pasando. El tiempo apremia en la conducta de los ocho ministros y el propio presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña ha dado a entender que la situación de esos ministros está estancada en este momento, pero que si se pasa de ahí, advirtió de ilegalidad absoluta.
NO ES REPRESIÓN APLICAR EL DERECHO Y A VECES ES PRECISO HACERLO
La presidenta Sheinbaum ha señalado que no reprimirá con juicios políticos ni acusaciones de traición a la patria, porque su gobierno no es represor. Pero aplicar la ley cuando se ha violado no es represión. Eso lo estuvimos viendo muchas veces en la CDMX cuando mujeres armadas con instrumentos peligrosos ponían en peligro a otras mujeres y policías, en manifestaciones. Hechos muy graves se dieron. Pero no hubo detenciones o al menos las que deberían de haberse hecho. La propia ONU, lo hemos dicho ya, da protocolos de defensa para impedir daños mayores y considerando lo anterior, es necesario que ante la conducta de los juzgadores parapetados en la Suprema Corte a la vera de doña Piña, ellos sean juzgados de acuerdo al derecho si violan la Constitución y sancionados como cualquier violador de la ley.
