Fernando Irala
En los estertores del actual gobierno, tiene lugar la batalla por la Reforma Judicial.
La 4T se ha empecinado en destruir el actual Poder Judicial y echar abajo el sistema de promoción laboral de jueces y magistrados a través de la carrera judicial, para pasar a un sistema en que estos puestos la designación se dé por elección popular.
Esto ha llevado a la generalización del paro entre los trabajadores del sector, y su movimiento recibió el aval de la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes ahora realizan un estudio para determinar si esta instancia puede detener el proceso de reforma, mientras la propia Presidenta de la Corte se unió a uno de los mítines de protesta.
En el ámbito internacional, embajadores y funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han externado sus preocupaciones por las implicaciones que la citada reforma tendrá para las inversiones de esos países en México, y la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, también se ha manifestado en ese sentido. La relatora de la ONU, en particular, se ha referido al riesgo de que se socave la independencia de la judicatura mexicana.
Como en nuestro país siempre hemos tenido la piel sensible ante las críticas del exterior, y nos da por envolvernos en la bandera nacional a la menor provocación, muchas voces, empezando por la del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han expresado su rechazo a estos señalamientos, señalándolos como injerencias en un tema soberano.
No lo son tanto, y vale la pena hacer al respecto dos acotaciones.
Uno. México ha suscrito innumerables tratados y convenios internacionales, muchos de los cuales tienen que ver con la observancia y aplicación de los derechos humanos. Y estos derechos, todos los derechos, sólo son realmente vigentes cuando hay una recta aplicación de la justicia, y ésta no se encuentra sometida a los dictados del régimen en turno. Por ello hay tribunales y Cortes de Justicia Internacional, como la de la Haya, a la que por cierto el régimen actual ha recurrido cuando ha sido de su interés.
Y dos. México es socio de tratados de comercio internacional, el más relevante el llamado T-MEC, con Estados Unidos y Canadá. En ellos se prevé ineludiblemente la revisión de casos y mecanismos de solución de controversias, que pasan como un canal irrenunciable, por la celebración de juicios y por procesos judiciales. Si algún país se niega a estos procedimientos o hay dudas sobre la independencia de los jueces, eso será motivo suficiente para sacarlo de cualquier tratado.
En el mundo actual, la soberanía ha dejado de ser un concepto absoluto y aislado.
En ese contexto tiene lugar la batalla por destruir al Poder Judicial. Esta semana veremos si Morena logra a hacer claudicar a algún senador de oposición, para conseguir el voto que les falta para tener la mayoría calificada en la Cámara Alta, o si los 43 legisladores, número éste que se ha vuelto simbólico en la vida del país, se mantienen incólumes y logran la hazaña de impedir, por un voto, que el andamiaje institucional del país termine de derrumbarse.
