Lilia Arellano
“La peor de las democracias es mil veces preferible
a la mejor de las dictaduras”: Ruy Barbosa
⦁ Adiós al México deseado
⦁ Arrancan régimen autoritario
⦁ AMLO traicionó lo prometido
⦁ Sin freno avanza la destrucción
Ciudad de México, 26 de agosto de 2024.- Estamos en el umbral de la conclusión de la transición democrática en México. El Consejo General del INE aprobó el viernes, con siete votos a favor y cuatro en contra, la propuesta de asignación de plurinominales para la Cámara de Diputados y el Senado, aplicando la repartición por partido político y no por coaliciones. Con este proyecto, Morena, PVEM y PT tendrían mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 364 curules, con una evidente distorsión de la representación de los votos. Falta sólo el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Así termina el proceso de transformación de la democracia en México durante el último cuarto del siglo XX y el primero del siglo XXI. Se da término a la pluralidad y una fuerza política impone su voluntad al resto, con un nuevo régimen autoritario, el cual no acepta voces opositoras en el Congreso de la Unión y pretende también someter al Poder Judicial, sin importar las consecuencias al interior del país y mucho menos al exterior. Se registra un retroceso histórico de medio siglo con otro régimen de partido hegemónico, el cual no requiere el respaldo de ninguna otra fuerza para impulsar sus políticas públicas.
Al exterior, el embajador del principal socio comercial de México, Estados Unidos, Ken Salazar afirmó que la reforma judicial a aprobarse tras arrancar la próxima legislatura federal pondría en riesgo la relación comercial entre ambas naciones, “la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”. En conferencia de prensa, consideró que la elección directa y política de jueces” podría debilitar “los esfuerzos por hacer realidad la integración económica de América del Norte”. A su vez, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, dijo que inversionistas canadienses le han transmitido sus preocupaciones sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO para elegir por voto popular a jueces y a la Suprema Corte. Antes de la inauguración del foro de negocios México-Canadá “CanCham Day 2024”, indicó esa reforma puede afectar ese “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “desafortunada” e “imprudente” la declaración del embajador Salazar sobre la reforma judicial e instruyó el envío de una nota diplomática de extrañamiento a su gobierno. Asimismo, al gobierno canadiense se le mandó otra nota en el mismo sentido.
También directivos de las empresas globales, quienes suman el 40% de la Inversiòn Extranjera Directa en México, advirtieron que la reforma al Poder Judicial de AMLO, conlleva “riesgos” para perder la certeza jurídica para invertir en el país y ahuyentar las oportunidades de nuevos negocios. El Consejo de Empresas Globales, encabezado por Manuel Bravo, señaló: “nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minería, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”.
A nivel doméstico, los organismos cúpula empresariales pasaron de la omisión y complacencia ante políticas y acciones gubernamentales en este sexenio, a un mes de concluir la administración de AMLO, a una pugna. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) se manifestaron contra la supermayoría en el Congreso de la Unión y la reforma judicial, por lo que López Obrador los acusó de optar por la corrupción. Lo mismo hicieron la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes alertaron la democracia está en riesgo ante la posibilidad de una sobrerrepresentación y se deje fuera a las minorías en el Congreso de la Unión. La buena relación del actual gobierno con los organismos del sector privado terminó y ahora reciben descalificaciones desde Palacio Nacional.
Durante el último cuarto del Siglo XX, la transición a la democracia marcó el rumbo político de México. Puso en el centro de la agenda política el extendido reclamo social de contar con elecciones limpias, justas y competitivas. Fue un periodo de construcción de instituciones, de formación de consensos, no sólo entre las fuerzas políticas, sino entre diferentes actores comprometidos con que el voto se contará para la conformación de los poderes y la representación política. Fue un periodo cuesta arriba de lucha política, de conflictividad y de operaciones reformadoras, pero se logró que los procesos de negociación pacífica fueran herramientas eficaces para desactivar el conflicto social y la inconformidad política existentes, y alcanzar el objetivo de que los gobernantes surgieran de comicios democráticos.
Fueron concretadas reformas electorales trascendentales, las cuales surgieron como respuesta a protestas sociales, como la de 1977, o reactivas y hasta regresivas como la de 1986, o de gran proyección como la de 1996. El inicio de la transición democrática se ubica en la Reforma Política de 1977, la cual abrió la representación en la Cámara de Diputados a los partidos de oposición, y arrojó sus primeros resultados en las elecciones de 1997, en las cuales el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y la oposición ganó el gobierno del Distrito Federal. En ese año, se sentaron las bases institucionales para garantizar la plena competencia, asidero de la pluralidad y condición indispensable de la democracia. En los años ochenta, las oposiciones vivieron una etapa de acumulación de fuerzas, que les permitió llenar plazas públicas, y colocar problemas y soluciones en la agenda pública. En la oposición de izquierda prevaleció el reclamo democrático.
En las elecciones de 1988, una oposición desprendida del PRI desafió al sistema, que fue incapaz de probar su triunfo en las urnas y prevaleció la opinión de que se robaron la elección. Generaron una crisis mayor y demostraron que la organización de las elecciones y la forma como se contaban los votos –sin vigilancia de la oposición ni de la sociedad- generaban un sentimiento de agravio popular. Las normas electorales no ofrecían imparcialidad y provocaron una creciente polarización entre el poder y la oposición. Desataron una espiral de conflictos en el país, la izquierda logró unirse y formar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el Congreso emprendió un proceso reformador. Se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) y se construyó un padrón electoral confiable y vigilado para asegurar su integridad. Esto permitió que en 1991 se contarán bien los votos. Pero el juego político seguía disparejo y la agenda se movió hacia el tema del dinero en las contiendas y el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación. En menos de siete años (entre 1989 y 1996) se promulgaron cuatro reformas al código federal. Una de ellas, la de 1993, no pudo aplicarse en una contienda electoral y fue superada por la subsecuente de 1994. El levantamiento zapatista y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, evidenciaron la inequidad en la competencia.
La reforma de 1996 dotó de autonomía constitucional al IFE y creó el Tribunal Electoral que calificaría la elección presidencial, cancelando la calificación política de la misma en manos del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Dio al Distrito Federal un gobierno propio, con autoridades elegidas por voto popular y diseñó un esquema de financiamiento público equitativo para los partidos políticos, fiscalizado por el IFE, y un esquema para resolver las controversias electorales en manos de un órgano especializado del Poder Judicial. Los resultados de las elecciones de 1997 demostraron que México fue capaz de desmontar pacíficamente un régimen autoritario y dar lugar a una naciente democracia, con un sistema de partidos plural y un sistema electoral confiable. En esos comicios el PRI perdió el gobierno de la ciudad capital y la mayoría en la Cámara de Diputados.
En el 2000, el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República, ningún partido alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado. En las subsecuentes elecciones existieron equilibrios, pesos y contrapesos para que ninguna fuerza política tuviera la tentación de volver al régimen autoritario, de partido hegemónico que no requiere el respaldo de ninguna otra fuerza para impulsar sus políticas públicas. La elección presidencial de 2006 fue altamente competida y “haiga sido como haiga sido” la ganó el PAN, pero no la aceptó la oposición encabezada por el derrotado candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a Felipe Calderón de “presidente espurio”. Con instituciones electorales consolidadas y un sistema electoral capaz de organizar comicios vigilados en cada uno de sus eslabones, en la elección presidencial de 2012 el PRI regresó a la Presidencia de la República, perdió el poder el PAN y nuevamente fue derrotada la izquierda con AMLO, quien regresó por la revancha en 2018 y obtuvo un triunfo contundente, cimentado en la corrupción y la frivolidad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
AMLO prometió todo para ganar, y ya en el poder traicionó todo. “Es un traidor, movilizó a una nación para traicionarla, para traicionar a las víctimas, para traicionar a la ciudadanía, para traicionar a los muertos, a los desaparecidos”, acusó el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, en noviembre de 2021. López Obrador prometió la pacificación del país y pacto con los narcos para hacerse del poder absoluto en las entidades federativas, de ahí su preocupación de la entrega o secuestro y detención del Mayo Zambada y el hijo del “Chapo” Guzmán al gobierno de Estados Unidos; encabeza el sexenio más violento en la historia de México con el mayor número de homicidios, desapariciones, desplazamientos, ejecuciones, linchamientos, asesinatos a periodistas y enfrentamientos de grupos del crimen organizado, que cada día ganan más control en regiones del país.
López Obrador prometió regresar a los cuarteles a los militares, y militarizó al país y enriqueció la jerarquía castrense con obras, negocios y administración de aduanas, puertos, aeropuerto, líneas férreas, mega obras; prometió combatir la corrupción y hasta su familia y amigos más cercanos nadan en ese fango con total impunidad; prometió ir al fondo del caso Ayotzinapa y la desaparición los estudiantes normalistas y no cumplió su palabra, ocultó y solapó al Ejército mexicano, y el caso sigue prácticamente igual a como lo dejó el régimen de Enrique Peña Nieto con su “verdad histórica”; prometió democracia pero impuso a su “corcholata presidencial”, Claudia Sheinbaum, utilizando todo el poder del Estado y el erario público para comprar votantes con los programas sociales, además del apoyo del crimen organizado.
A lo largo de seis años empujó un proceso de degradación institucional, un cambio de régimen, una peligrosa regresión autoritaria, en la que los avances importantes de las luchas ciudadanas y democráticas fueron debilitadas o demolidas o en francas erosión o retroceso. Debilitó todo el aparato de rendición de cuentas y transparencia, de los contrapesos institucionales o sociales. Por ello, la batalla contra la sobrerrepresentación era la más importante en ese momento. Es la batalla por la República y el futuro democrático. El gobierno de AMLO arrebata lo que el voto popular no le dio a Morena y sus aliados para modificar la Constitución y en fraude a la voluntad popular se quedan con 75% de la Cámara de Diputados, cuando la voluntad popular les dio solo el 54%. Morena y sus aliados no tienen los votos para la mayoría calificada en el Senado de la República.
DE LOS PASILLOS
Los diputados federales salientes de Morena, PVEM y PT dejaron todo planchado a sus sucesores de la LXVI Legislatura para que saquen adelante el proyecto de López Obrador que desaparece los órganos autónomos de la administración pública federal. Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, convocó de manera extraordinaria este viernes a los integrantes de ese cuerpo legislativo para discutir y votar la extinción de siete organismos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso público y dos unidades administrativas. Todo exhibió, con 22 votos a favor de Morena y aliados, un albazo legislativo para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaciòn y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía y Mejoredu, entre otros. Esto se suma a la reforma judicial para que sean los dos primeros temas a votar en las primeras horas de la siguiente legislatura. Su fusión con diversas secretarias anuncia el siguiente caos.
