CIUDAD DE MÉXICO.– El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) propuso incorporar al dictamen de reforma al Poder Judicial la revocación de mandato para las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como reducir de 15 a 12 años su periodo de encargo.
De igual forma, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) planteó que en la reforma se incluya, de manera obligatoria, el juzgamiento con perspectiva intercultural, especialmente en los casos que involucran a pueblos indígenas.
Lo anterior, en rueda de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, acompañados por la diputada Adriana Bustamante Castellanos, vicecoordinadora de su grupo parlamentario.
Los diputados y la diputada informaron que impulsarán estas reservas durante la discusión del dictamen que iniciará el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales.
En su oportunidad, Robles Gómez subrayó la importancia de no dar a las y los ministros “un cheque en blanco” durante su mandato, y que “puedan ser llamados a revocación a mitad de su periodo”.
“La introducción de la revocación de mandato a mitad de periodo es otra de las omisiones que tiene el dictamen (…) Son estas las reservas que nosotros consideramos completarían el dictamen de la reforma judicial en nuestro país”, comentó.
Enfatizó que es obligación del Estado mexicano incluir en la toma de decisiones al pueblo para que, como depositario de la soberanía nacional, puede decidir sobre los temas trascendentales que le conciernen a la República.
Por su parte, Vázquez Vázquez reiteró que debe ser obligatorio que las y los jueces federales juzguen con perspectiva intercultural, es decir, que tomen en cuenta la situación de desigualdad estructural y exclusión histórica sistemática en que se encuentran los pueblos indígenas al momento de emitir resoluciones.
Asimismo, es pertinente que los profesionistas indígenas sean considerados para integrar los altos puestos del Poder Judicial de la Federación y ejercer cargos de jueces, magistrados y ministros, abundó.
Por su parte, la diputada Adriana Bustamante resaltó que la reforma responde a las necesidades de sectores marginados, como los pueblos indígenas, mujeres y migrantes.
“Esta reforma no es arbitraria, puesto que responde ciertamente a las necesidades y exigencias de un gran sector de la sociedad que no puede acceder a la justicia pronta y en condiciones de igualdad”, aseguró.
Destacó la creación de un tribunal de disciplina como parte fundamental de la reforma, dado que “el Consejo de la Judicatura no resuelve de manera pronta y expedita los casos de denuncias que se hacen al interior del Poder Judicial”.
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