CIUDAD DE MÉXICO.- Los juzgadores federales, en caso de concretarse la elección por voto popular de jueces y magistrados, acudirían a instancias internacionales para demandar la violación a sus derechos, lo que podría derivar en demandas millonarias para el Estado mexicano por sueldos caídos e indemnizaciones.
De acuerdo con 24Horas, esto sería llevado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que la legislación mexicana no contempla indemnizaciones para jueces; esto con el argumento de que se les remueve de su cargo violando la inamovilidad judicial.
Christian Omar González Segovia, magistrado del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en San Francisco de Campeche, señaló que en caso de concretarse la destitución de mil 600 jueces federales, más del 98% optaría por una estrategia de demandar ante instancias internacionales.
“Nuestro sistema constitucional no establece para los juzgadores federales una indemnización, porque la relación de carácter administrativo que guardan los jueces y magistrados con el Estado, pareciera irónico, pero no es laboral (…) los juzgadores no están contemplados en ningún apartado, porque no estaba prevista la rescisión y no hay una relación de trabajo, lo que está previsto es la conclusión del cargo”, afirmó el magistrado.
Según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, los jueces de Distrito perciben 139 mil 210 pesos mensuales, mientras que un magistrado obtiene 152 mil 531 pesos al mes, después de impuestos.
Aseveró que acudirían a la CIDH para denunciar que se transgredieron sus derechos de inamovilidad judicial, que implica que los jueces y magistrados reciben un nombramiento temporal de seis meses y, si son ratificados, obtienen el beneficio de la inamovilidad, con lo que pueden ejercer sus funciones hasta los 75 años o al ser destituidos por causas justificadas.
En entrevista con 24 HORAS, el magistrado aseveró que como México forma parte de diversos tratados internacionales, se debe respetar este principio.
Apuntó que de irse a instancias internacionales, la resolución del caso podría durar años, pero indicó que como hay evidencias de transgresión de derechos, el Estado se enfrentaría a demandas multimillonarias, porque los jueces y magistrados deberán ser indemnizados con todos sus pagos caídos y restituidos en su puesto.
Consideró que el Gobierno federal tiene una opción en la reforma para evitar la transgresión a sus derechos, que es establecer un artículo transitorio para que la elección judicial aplique solo para los de nuevo ingreso y se respete la inamovilidad hasta los 75 años de los jueces y magistrados que estén en funciones.
“De acontecer la remoción de estos mil 600 juzgadores, si bien no llevarán consigo (una indemnización), porque la reforma no contempla que el Estado otorgue una (…) si puede llegar una indemnización una vez que en sede internacional se califique como arbitraria esta remoción totalizadora de jueces y magistrados”, aseveró.
El magistrado dijo que “desafortunadamente” el Ejecutivo no está viendo la totalidad de implicaciones de la reforma judicial, como que “se condene al pago de las remuneración, del salario, de todo lo que se dejó de percibir a partir del cese o destitución hasta que se resuelva este juicio internacional, y esto son cantidades millonarias, porque normalmente son años que se llevan este tipo de asuntos”.
Aunado a los salarios caídos, indicó que se podría vincular al Estado para que exista una restitución material para que se les respete la temporalidad de su ejercicio como jueces y magistrados, “esto es que a los inamovibles se les reincorpore como juzgadores hasta los 75 años”.
Por su parte, Antonio Ceja Ochoa, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, explicó que de no darse una resolución en el país, la vía adecuada sería acudir a instancias internacionales.
“Si bien nosotros somos jueces y magistrados, también somos seres humanos que apostamos y que tenemos vocación para la función jurisdiccional, tenemos muchos años en ello, con una expectativa de que el día de mañana nos pudieran jubilar en los términos que marca la ley”.
Como lo plantea la reforma, dijo, “es evidente que se estarían violando todos los derechos laborales de nosotros como trabajadores, y si en sede interna no hay un recurso efectivo para defendernos, la vía idónea es acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
Indicó que es un camino legítimo de los juzgadores para defender sus derechos y existen precedentes de otros países de América Latina en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha restituido ante la violación de sus derechos.
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