CULIACÁN, SINALOA.-
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) entregó en la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya, un documento firmado por el encargado del Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, para solicitarle un diálogo “a favor de la educación” y accedan al llamado de reconciliación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa, Lizárraga Otero señaló que dentro de ese diálogo también deben de tratar los procesos penales que se llevan contra algunas autoridades universitarias, como el rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina a quienes dijo “se le fabricaron delitos porque las causas penales que se siguen tienen su origen en la defensa a la autonomía”.
“Todos los temas que se involucran que no quede ninguno fuera, que vaya Rubén Rocha Moya a la responsabilidad con apego a la legalidad, el llamado al gobernador es a construir un ambiente de reconciliación en favor de los jóvenes de Sinaloa” apuntó.
El responsable del Despacho de Rectoría de la Casa Rosalina, hizo un llamado a Rocha Moya a no contradecir al presidente e hizo un llamado al acuerdo, la concordancia y el entendimiento.
Contrario a lo mencionado por el Gobernador Rocha Moya sobre que “los juicios no se negocian“, Lizarraga Otero dijo que las causas penales parten de delitos fabricados y de la persecución política contra la universidad por lo que se deben plantear en el diálogo con Gobierno del Estado al que llamó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el 13 de junio durante conferencia matutina.
“El presidente habló también de los temas penales y forman parte del conflicto, no los puede descartar el gobernador. Forman parte del mismo conflicto y deben ser discutidos en un plano de igualdad y de justicia, derivado que ahí también hay corrupción de las instancias gubernamentales”, dijo.
El encargado de despacho de la UAS señaló que el 10 de enero se emitió una sentencia a favor de la máxima casa de estudios en el cual se indica que se violenta la autonomía universitaria y el pasado viernes fue ratificada por el Congreso del Estado, mediante el desistimiento de la Ley de Educación Superior, lo que confirma que la Casa Rosalina siempre tuvo la razón.
