Roberto Vizcaíno
Nadie en México movió ni un dedo, ni salió a calles o plazas -como muy probablemente si hubiera ocurrido en otros países-, para protestar o cuestionar la reforma del Poder Judicial que pasará a Plenos del Congreso -Senado y Diputados federales y locales- en septiembre próximo, para que su autor y promotor, el presidente Andrés Manuel López Obrador la promulgue antes de entregar el poder el 1 de octubre.
Esta reforma no modificará nada en la Constitución, ni ningún código o norma vigentes.
Pero significará un verdadero cambio de régimen porque esa Constitución, códigos y normas serán ahora aplicados en juicios para tramitar recursos de inconstitucionalidad, y otros, y en peticiones de amparo, que serán resueltos bajo criterios del beneficio social o popular, y no de apego a jurisprudencia y derecho, sino buscando siempre el criterio de la justicia popular.
Será un, nada de que la Ley es la Ley, sino de qué beneficio social tendrá esa resolución.
Los encargados de aplicar esos criterios serán quienes integrarán toda una red de ministros, jueces y magistrados – 1,688 en todo el país-, que serán electos por voto popular dentro de un año.
Ayer, tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador afirmaron que no existen motivos de alarma ni de inquietudes por esta reforma porque se va a realizar justamente para fortalecer al Estado de Derecho en México.
Los centros del Derecho – facultades universitarias, institutos, barras de abogados, expertos, etc-etc- advierten que ocurrirá todo lo contrario.
El mandatario indicó que quienes han generado reacciones que han depreciado al peso frente al dólar, son de nuevo esos conservadores que intentan mantener privilegios indebidos.
Tanto la presidenta electa como AMLO desecharon la posibilidad de que sus partidos no logren obtener la mayoría calificada necesaria para realizar esta reforma en el Senado y la Cámara de Diputados.
La iniciativa prevé que la presidenta Sheinbaum proponga 10 prospectos, el Congreso otros (5 por cada cámara) 10 y la Suprema Corte otros 10.
De esos 30 los ciudadanos votarían por un ministro, o magistrado y por jueves.
Así sería electos cada uno de los 9 ministros de la Corte, y los 7 magistrados del Tribunal Electoral y los 5 del Tribunal de Disciplina Judicial.
Los mil 649 jueces y magistrados que forman la red del Poder Judicial en el país, y que tramitan unos 2 millones de amparos y juicios penales, civiles y laborales, podrían participar en la elección, y continuar en su cargo hasta que tomen posesión los ganadores.
La iniciativa de AMLO prevé que igual sean electos por voto popular unos 5 mil jueces y magistrados de los 32 tribunales estatales.
Cada aspirante ira a una campaña que todavía no se sabe que plazos y topes financieros tendrá, ni de dónde saldrá ese dinero. Desde ya hay quienes creen que empresarios, dirigentes de sectores o lideres de carteles y la delincuencia aprovecharán para promover y apoyar con recursos a sus candidatos.
Así mientras la presidenta electa pidió calma y confianza a inversores y empresarios, el presidente López Obrador indicó que no ve por que no ñpueda aprobarse esta reforma en septiembre.
“Yo quiero cumplir mi responsabilidad… estoy convencido de que hace falta un Poder Judicial íntegro que represente al pueblo, no a mafias económicas o del crimen”, indicó.
Los foros públicos de información y consulta pueden realizarse de hoy a septiembre, dijo, y para que se “escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos”.
Hoy, dijo, predominan monopolios con “más agarraderas e influencias en el Poder Judicial”, que se supone debería ser autónomo e independiente, “pero que en los hechos es autónomo e independiente del pueblo, no de los potentados”.
En este en este contexto en el que todo se tramita en medios y por redes sociales, nada por protestas y manifestaciones en las calles, transita la iniciativa de Reforma del Poder Judicial que modificará de tal forma a sus instituciones centrales -Suprema Corte, Judicatura, Tribunales-, que a partir de su aprobación y promulgación definirá otro régimen en que el derecho se aplicará con criterios populares y no de jurisprudencia.
Un poder que dependerá esencialmente de la voluntad política y muy personal del Ejecutivo, y de otros intereses en los que no están excluidos los cárteles del narco y del crimen organizado.
“MOMENTOS DE TRIUNFO Y DE GRAN SATISFACCIÓN”
Pocos son los políticos que se sinceran ante sus electores. Una es, sin duda, la presidenta del Senado, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, abogada y de origen humilde, ejidatario, campesino.
“Cuando ganamos la elección del 2018, hubo en mi corazón una gran alegría, pero no se compara con la alegría que siento hoy, porque todavía en el 2018 había una sociedad más desinformada, más apática, menos participativa.
“Cuando caminaba yo en las comunidades de Tlaxcala, me dio mucho gusto encontrarme jovencitos que me decían: ‘explícame por qué quieren ustedes reformar el Poder Judicial’. Estudiantes de derecho cuestionándome. Eso no lo había yo vivido en los otros procesos electorales.
“Y también me tocó gente de a pie, mientras me despachaban algo en la tienda, que me decía: ‘es importante que sigan combatiendo la corrupción. Queremos que haya más seguridad. Queremos que ustedes nos apoyen para que los programa sigan llegando a la gente”.
Hoy, afirma -la senadora reelecta por Morena- la economía se ha fortalecido desde abajo, en las carnicerías, las tienditas locales, y en las bosas de la gente y el entonces pueblo busca que no se revierta lo que ha logrado, indica.
“¿Qué me ilusiona? ¿Qué me entusiasma? Ver hasta dónde va a ser capaz de llegar la sociedad mexicana si continuamos madurando la conciencia del pueblo, si le seguimos dando la oportunidad de ser escuchado, de hablar”, concluye.
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